El FROB está «razonablemente satisfecho» por la resolución de Popular pero pide mejorar el sistema

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, se ha declarado «razonablemente satisfecho» con la resolución del Banco Popular, pero cree que aún hay campo para introducir «importantes mejoras» en el sistema de resolución de entidades financieras, y en concreto ha abogado en el Congreso por mejorar la provisión de liquidez y aumentar el nivel de información.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Baja, a la que ha acudido a informar de las actividades de la institución que preside, así como para dar cuenta de la resolución del Banco Popular el pasado mes de junio.

Ponce ha reconocido que «aún existen importantes mejoras que acometer en el campo de la resolución», entre ellas el desarrollo de «instrumentos de provisión de liquidez en escenarios de resolución».

Asimismo, también ha instado a avanzar en la adaptación del balance de las entidades para asegurarse de que existen los colchones de pasivos necesarios para hacer creíble y factible la estrategia de resolución prevista, sin efectos negativos para la estabilidad ni los recursos públicos».

Respecto a la resolución del Popular, Ponce ha optado por ser «prudente» pues «se trata de una quiebra que lesiona el interés de muchos acreedores y es especialmente dura para los minorías involucrados» -ha reconocido la «elevada litigiosidad»-, aunque considera que el mandato de resolución ha sido «razonablemente satisfecho».

De hecho, el presidente del FROB detecta «al menos dos positivos» en la resolución del Popular: la eficacia de la operatividad de las autoridades de resolución comunitarias y el cumplimiento «del mandato asignado», ya que justifica que se protegió la estabilidad del sistema financiero, se evitó el impacto en los depósitos y las operaciones de los clientes y no requirió de dinero público.

Afrontar una crisis de liquidez

Preguntado por las opciones que contaban las autoridades de resolución españolas y europeas para afrontar la crisis de liquidez del Banco Popular, Ponce ha reconocido que este problema hacía aún más compleja la situación, no solo por la propia naturaleza de la crisis, sino también por la normativa comunitaria.

«La norma tenía un sesgo hacia problemas de solvencia», ha reconocido Ponce, quien cree que a la hora de su elaboración, los legisladores «pensaban fundamentalmente en problemas de solvencia», a pesar de que se habían detectado otros casos en Europa.

Por ello, ha reclamado mejoras en los protocolos de resolución. «Necesitamos instrumentos más potentes, más creíbles y de mayor alcance para gestionar una dificultad de liquidez cuando el banco es inviable, y no digamos ya antes».

Además, ha aclarado que su función «empieza cuando el banco es inviable». «La mejor resolución es la que no se produce, es la que se evita», ha dicho.

El informe de valoración

Preguntado por el reclamado informe de valoración, que determinó el precio de venta del Popular -finalmente fue vendido al Santander por tan solo un euro-, Ponce ha dicho que «quizás se ha sobredimensionado la relevancia» de tal documento.

Así, ha explicado que esa valoración sirvió para informar a la Junta Única de Resolución (JUR) pero que fue el propio proceso de venta el que determinó el precio de la entidad. En caso de que se hubiera acometido una recapitalización de la entidad, Ponce ha dicho que su relevancia «sería algo mayor».

Efecto contagio

Asimismo, Ponce ha señalado que a pesar de que sí detectó «alguna reacción» en los mercados tras la resolución del Popular, su «apreciación» es «positiva», por lo que ha descartado que se produjera algún efecto contagio en el sector financiero.