Fomento tendrá seis meses más para afrontar la factura de las autopistas rescatadas

El plazo del Departamento que dirige José Luis Ábalos para determinar este importe, que inicialmente terminaba en la segunda mitad de este mes de enero, se extenderá hasta julio, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio.

El monto pendiente de calcular es el que el Estado tiene que pagar a las concesionarias que tenían estas autopistas por la inversión que realizaron en su construcción y no amortizaron en el tiempo en el que las explotaron.

Se trata de la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), un importe que Fomento inicialmente ha estimado en algo más de 2.000 millones de euros, por encima de los 1.800 millones hasta ahora calculados, pero que el sector eleva a hasta 5.000 millones.

Seis meses para el pago

La legislación sobre concesiones da al Estado seis meses para determinar y pagar esta RPA desde el momento en que se rescinden los contratos de concesión de las infraestructuras que se rescatan.

En el caso de las nueve autopistas, la finalización de los contratos se aprobó en los Consejos de Ministros del 13 y el 20 de julio de 2018. Por ello, el plazo para pagar estos importes vencían los mismos días de este mes de enero.

No obstante, la ley permite aplicar una prórroga de seis meses que entra en vigor de forma tácita, según informaron a Europa Press dichas fuentes. Esta extensión del plazo se activará, dado el punto en el que actualmente se encuentra el proceso de cálculo.

Además, aún está pendiente de concluir el rescate de una de las nueve autopistas quebradas, la AP-41 Madrid-Toledo, actualmente en liquidación.

Inicio del proceso

Fomento apenas ha iniciado el proceso diseñado para determinar la RPA con una audiencia con las exconcesionarias de las autopistas para intercambiar información.

En la actualidad, trabaja en un «expediente de interpretación» que defina los distintos conceptos que intervienen en el cálculo de la RPA y detalle todo el proceso, dada la «dificultad y litigiosidad de las normas y disposiciones que la regulan y la extensa documentación».

Una vez este expediente concluya, con su aprobación en Consejo de Ministros, se procederá al propio cálculo del importe, que también conlleva varios pasos, entre ellos, una nueva audiencia a los interesados, un informe de la Abogacía del Estado y un dictamen del Consejo de Estado.

Las autopistas por las que el Estado debe pagar este importe son las que quebraron durante la crisis, fueron rescatadas el pasado año y actualmente gestiona Fomento. Se trata de las cuatro radiales de la capital, la M-12 que une la ciudad con el aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.