El FMI vuelve a exigir a España un plan de ajuste del gasto público y reformar ya el sistema de pensiones

El Fondo Monetario Internacional insistió ayer en que el Gobierno de España necesita acometer un plan de ajuste del gasto púbico a medio plazo que sea creíble y que ensanche el margen de maniobra para responder a futuros choques o acontecimientos imprevistos en la economía mundial. La institución con sede en Washington se alinea así con los avisos reiterados del Banco de España -en gran parte sugeridos por el Banco Central Europeo- para que el Ejecutivo incluya en su agenda lo antes posible un programa de consolidación presupuestaria que facilite la lucha contra la inflación de la autoridad monetaria, y no vaya en su contra con medidas que contribuyan a cargar de costes el presupuesto del Estado.

En la misma dirección, el FMI señala la importancia de adoptar medidas adicionales para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones actualmente amenazada, según la tesis que sostiene la Comisión Europea y en la que también ha insistido el Banco de España. De hecho, el Ejecutivo de Bruselas tiene emplazado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a que presente un plan definitivo para reformar el modelo de jubilación, y que lo haga lo antes posible, a ser posible este mismo mes de enero. Entre las medidas que están encima de la mesa figura la subida de la edad de retiro hasta los 67 años o el aumento del número de años que se toma en consideración para el cálculo de la pensión.

Las pensiones en relación con el salario medio alcanzan en España el tercer valor más alto de la Unión Europea, lo que implica un gasto en esta clase de prestación social un 34,1% más elevado que en Alemania o un 31,6% por encima de Francia. Únicamente hay dos países europeos —Grecia e Italia— que registran una tasa de beneficio superior a la española: un 36,2% y un 16,4%, respectivamente. Dichos países son, de hecho, los que presentan la mayor ratio de gasto en pensiones sobre el PIB en la UE, de acuerdo con un informe publicado el pasado miércoles por el Banco de España.

Aunque las pensiones representan una parte cada vez mayor del presupuesto conjunto del Estado y de la Seguridad Social, el Gobierno ha decidido subir las jubilaciones un 8,5% este año empujando al alza el déficit público y de manera correspondiente la deuda del Estado. El gobernador del banco central español, Pablo Hernández de Cos, se ha pronunciado repetidamente sobre la inconveniencia de aumentar de manera indiscriminada las pensiones por su impacto en las cuentas públicas. Se ha mostrado partidario, en caso extremo, de elevar sólo las más bajas.

El informe del FMI sobre España trata de manera más delicada y elegante la evolución de la economía nacional. Asegura que ha resistido los envites de la guerra de Ucrania, que siguió a la crisis de la pandemia, gracias al rebote del turismo y de otros servicios, así como a la relativa fortaleza demostrada por el mercado laboral. Pero este mero enunciado, que llevó ayer a la vicepresidente Calviño a sacar pecho sobre la confirmación de las fortalezas del país, sólo es aparente. La institución destaca que los elevados precios de la energía y de los alimentos, la debilidad de los socios comerciales del país y el deterioro general de la confianza tanto de los consumidores como de los empresarios -añadido al aumento de los tipos de interés- van a frenar intensamente el crecimiento del PIB.

Así el Fondo prevé que el ritmo de la actividad económica pasará del 5,2% en 2002 a un modesto 1,1% este año, un punto por debajo de lo que había estimado sólo en diciembre, reflejando el encarecimiento de los precios, el endurecimiento de las condiciones financieras -producto de la subida de tipos del BCE, que van a ser sostenidas e intensas hasta al menos junio- y del debilitamiento progresivo de la demanda externa. La institución tampoco es optimista sobre la inflación, que a pesar de que se desacelerará a lo largo de este año todavía va a seguir estando muy por encima del objetivo oficial del 2% que persigue el BCE.

De acuerdo con estas perspectivas, amenazadas por la incertidumbre general, el Fondo insta a España a que ponga en marcha una potente agenda de reformas que aumenten la flexibilidad de la economía, incidan en la moderación del gasto público y así ayuden a impulsar el crecimiento. Aunque los responsables del Fondo apuntan como positivos los resultados de la reforma laboral, y da por bueno el aumento de los contratos fijos -sin entrar a valorar, o ignorando, que la mayoría son fijos discontinuos con derecho a subsidio de desempleo durante el periodo de inactividad-, invita a desarrollar políticas adicionales para mejorar el mercado de trabajo, así como impulsar la cualificación de los empleados presentes y futuros.