La falta de personal cualificado en las empresas reducirá un 25% la aportación al PIB de los fondos UE

El Banco de España considera que la falta de trabajadores cualificados en sectores como las comunicaciones y las nuevas tecnologías puede reducir hasta en un 25% el impacto en el PIB de los fondos europeos de 70.000 millones que España ha empezado a recibir, y que se aprobaron hace ya dos años para paliar los efectos económicos de la pandemia en la actividad y el empleo. El programa europeo Next Generation EU (NGEU) supone, por su elevada cuantía y por su enfoque estructural, una oportunidad única para impulsar el crecimiento de la economía española y para facilitar la transformación de los sectores ante los considerables desafíos que plantean, entre otras dinámicas, la creciente digitalización de la actividad y la transición ecológica.

Desde su puesta en marcha, sin embargo, la aplicación del programa ha estado rodeada de polémica en nuestro país, debido a los retrasos de su puesta en práctica relacionados con la burocracia -lentitud en los procesos administrativos-, la escasa preparación de los funcionarios para gestionar un aluvión de recursos tan importante, así como las cautelas que muchos de ellos muestran a la hora de aprobar y de conceder los programas, en prevención de posibles litigios relacionados con la eventual discrecionalidad de las cantidades asignadas.

En unas recientes declaraciones, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, principal responsable del programa presume de que España es uno de los estados más avanzados en la ejecución de las inversiones y reformas del plan de recuperación, pero esta tesis no es compartida por los empresarios españoles, que llevan tiempo quejándose de los retrasos y de la falta de sensibilidad en algunos sectores particularmente importantes como el automóvil, donde los planes se han tenido que modificar a prisa y corriendo para evitar la fuga de inversiones de destacadas empresas del sector. En su descargo, Calviño ha señalado que «es muy difícil pensar en que se pueden agilizar las transferencias sin debilitar los mecanismos de control. Por ahí el Gobierno no va a pasar, porque es un riesgo que no podemos ni debemos asumir».

La ejecución por España del programa de fondos europeos también ha suscitado críticas en la Unión Europea. En concreto, la presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo encargada del Control Presupuestario de la UE, Mónica Holhmeier ha asegurado en una conversación con OKDIARIO que viene a España el 20 de febrero en una misión con «una lista de preguntas» porque sigue sin saber en qué se está gastando el Gobierno los fondos europeos cuatro meses después desde que lo denunciara públicamente ante la Comisión Europea. La eurodiputada alemana confía en «recibir toda la información necesaria que nos dé capacidad de informar al público de cómo se está gastando el dinero comunitario». Dice que ahora mismo «no hay indicadores para recortar o congelar» el dinero transferido, pero que si el Gobierno usara parte de dichas transferencias con fines electoralistas «la respuesta sería muy clara».

La economía española recibirá fondos por valor de casi 70.000 millones en forma de transferencias a cargo del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que se ejecutarán de acuerdo con el programa de inversiones y reformas detallado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Según el informe del Banco de España, y de acuerdo con los resultados obtenidos, la plena aplicación de los fondos tendría un impacto directo sobre el nivel del PIB de un 1,15% en promedio anual y en un horizonte de cinco años. Además, al tener en cuenta los efectos de arrastre entre sectores, este impacto podría aumentar hasta el 1,75 %.

Los efectos estimados son muy heterogéneos entre ramas de actividad, cuyos sectores más beneficiados son los más relacionados con el proceso de digitalización (información y comunicación o servicios profesionales y técnicos), y también el sector de la construcción, debido a las inversiones en infraestructuras vinculadas al proceso de transición ecológica. En todo caso, los efectos estimados descansan sobre el supuesto de plena disponibilidad y movilidad de recursos entre los diferentes sectores. Sin embargo, la presencia de rigideces en los mercados de productos y de trabajo podría limitar la necesaria reasignación de recursos entre empresas y sectores y, por tanto, aminorar de forma significativa el impacto agregado. «Por ejemplo, la escasez de trabajadores cualificados en determinados sectores podría reducir en aproximadamente un 25% el impacto estimado, desde el 1,75% hasta el 1,3% del PIB en promedio anual», insiste el estudio del Banco de España.

Esta escasez dificultaría la expansión de los sectores más ligados a las tecnologías de la información, especialmente beneficiados por estos fondos e intensivos en el empleo de mano de obra altamente preparada. Esta potencial escasez se basa en la menor elasticidad de la oferta laboral de las personas más cualificadas respecto a las menos, debido a que la tasa de paro de las primeras en España es cuatro veces menor que la de las segundas. Según el Banco de España, la mayoría de los sectores ven incrementados significativamente sus niveles de valor añadido bruto gracias a la inyección de recursos. En particular, sectores como los servicios profesionales y de actividades administrativas son los más beneficiados a través de este canal, debido a los efectos de arrastre positivos derivados de la expansión en la rama de información y comunicación. Para otras industrias, como las manufacturas o la construcción, el principal responsable de estos efectos indirectos es el aumento de la productividad del sector del transporte.