El expresidente de la SEPI imputado dirige en la sombra el grupo encargado de rescatar empresas

El expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández Guerrero, que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, sigue dirigiendo el organismo en la sombra, según confirman varias fuentes cercanas al mismo. De hecho, conserva el coche oficial, la secretaria, la cuenta de correo electrónico, mantiene reuniones con directivos e incluso visita a las compañías participadas por el holding empresarial público.

Sin embargo, carece de poder real, al no ostentar oficialmente la presidencia. Esta recae en funciones en el vicepresidente, Bartolomé Lora, un hombre de la casa de toda la vida, bien visto por los funcionarios y los partidos políticos, pero sin ninguna capacidad de decisión. «No se moja ni debajo de la ducha», afirma gráficamente una de las fuentes. Lo cual tiene completamente paralizada a la SEPI desde 2019.

La responsable de esta parálisis es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Montero se trajo a Fernández Guerrero de la Junta de Andalucía, donde ella era consejera de Hacienda con Susana Díaz y él era interventor general, y lo colocó como presidente de la SEPI en agradecimiento a los servicios prestados. Con la imputación no le quedó más remedio que dimitir, pero la ministra y portavoz del Gobierno no ha nombrado otro presidente de la sociedad para ‘guardarle’ el cargo a la espera de que lo desimputen.

Desimputación  poco probable hasta el fin de la instrucción

El problema es que, en las instrucciones de procedimientos penales, no es habitual que el juez desimpute a los investigados hasta que no se cierra el sumario y se dicta auto de apertura de juicio oral o se archiva el caso, incluso aunque no haya pruebas de su culpabilidad (para no tener que volver a imputarlo si estas aparecen después). Además, el caso Aznalcóllar está en manos de la jueza Mercedes Alaya, conocida por ser el azote del Gobierno del PSOE en Andalucía con la instrucción del caso de los ERE.

Por tanto, no es previsible que Fernández Guerrero se libre de sus cuitas judiciales a corto plazo, por lo que la situación de la SEPI tiene todos los visos de continuar en el tiempo por la negativa de Montero a nombrar otro presidente. Pero, mientras tanto, su protegido sigue disfrutando de las prebendas del cargo que no ocupa y dirigiendo en la sombra el día a día del grupo.

Los rescates de empresas, paralizados por el vacío de poder

La SEPI  estaba llamada a ser el principal instrumento del Gobierno para salvar empresas de la quiebra por el impacto de la crisis del covid. De ahí que creara el famoso fondo de rescate dotado con 10.000 millones de euros, nada menos. Pero ocho meses después de su constitución, solo ha concedido préstamos a una empresa (Globalia), a pesar de tener más de 15 solicitudes de ayudas públicas.

Esa única ayuda, además, se materializó por la presión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que la SEPI diera luz verde a  la operación, siempre según las fuentes. Como es sabido, este interés derivaba de la operación de fusión en marcha de la aerolínea de Globalia, Air Europa, con Iberia, que se cerró el pasado 20 de enero por 500 millones.

Pero en los demás casos, dado que no ha existido el interés personal de ningún miembro del Gobierno, no se ha tomado ninguna decisión por la inoperancia de la Sociedad. El ejemplo más flagrante es la empresa industrial asturiana Duro Felguera, que pidió 100 millones al Fondo el pasado mes de julio, petición que posteriormente incrementó en otros 20 millones.

Después de seis meses mareando la perdiz, por fin hace dos semanas  la SEPI respondió a la empresa y a los bancos acreedores que estaba dispuesta a rescatarla con los 120 millones solicitados siempre que ambas partes llegaran a un acuerdo para refinanciar su deuda, como adelantó OKDIARIO. La banca había exigido precisamente el compromiso de la Sociedad estatal para extender los vencimientos de deuda, así que se comprometió a ello a cambio de una mejora de las condiciones ofrecidas inicialmente por la dirección de Duro Felguera.

Sin embargo, el martes pasado el Consejo de Ministros no aprobó esta operación sin dar ninguna explicación para ello. Las fuentes consultadas explican que, de nuevo, el asunto se ha atascado en la SEPI debido al citado vacío de poder y a la falta de capacidad de decisión provocados por la actitud de Montero. No obstante, empresa y acreedores confían en que el rescate por fin salga adelante este martes en la próxima reunión del gabinete de Pedro Sánchez.