Europa cava su propia tumba

En un monumental libro titulado Caos y Orden, obra del gran Antonio Escohotado, se afirma que las riquezas surgen de dentro de los cuerpos,  de la flexibilidad e interactividad entre individuos y que ese caos que viene dado de las redes entre millones de personas deriva en un orden casi perfecto que, como la historia del lápiz que relata Milton Friedman, nadie sabe cómo, pero se produce. Querer controlar de forma externa esas relaciones deriva en una limitación de la prosperidad y creatividad; justamente lo que está haciendo la Unión Europea.

Hace unos meses hablábamos de los ataques mediante sanciones a multinacionales que se instalaban en Irlanda, aprovechando los menores impuestos que se pagaban en el país británico. La Comisión Europea reclamaba 13.000 millones de euros a Apple por recibir ayudas estatales por parte de Irlanda, al entender el politburó bruselense que esto significa que la compañía de la manzana se encuentra en una posición de privilegio frente a sus competidores en el resto de Europa. Tampoco Google se ha librado de la rapiña europea, puesto que hasta en 3 ocasiones ha recibido un proceso sancionador por abusar de su posición en el sector en el que opera.

El último ataque a la creación de riqueza lo encontramos la semana pasada, cuando el letrado Maciej Szpunar, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinaba que Uber era un servicio de transporte y, por lo tanto, para poder operar se le puede exigir una licencia y demás regulaciones que ya asumen desde el colectivo de taxistas. Dicha decisión no es vinculante, pero seguramente será seguida finalmente por el TJUE en una posterior sentencia.

En los últimos meses hemos vivido una guerra entre los taxistas y las nuevas plataformas de transporte que surgen de las nuevas necesidades del mercado aprovechando las innovaciones en el mundo del transporte y tecnología, como son Uber o Cabify . A saber, es cierto que si estas plataformas ofrecen un servicio similar a los taxistas, pero solo estos últimos precisan de licencias para operar, estos se encontrarían en una posición de desventaja. Por tanto, dos serían las opciones, una es establecer licencias para todos —en línea con las conclusiones del abogado general—, o bien, eliminarlas por completo.

Actualmente Uber solo opera en Madrid y ya precisa de licencia para operar, aunque difiere de la de los taxistas. En concreto, la licencia que usan los vehículos de estas compañías son las VTC (Arrendamiento de Vehículos con conductor) que a través del pago de una pequeña tasa y el cumplimiento de una serie de requisitos, se puede obtener. Este tipo de licencia no permite, entre otras cosas, usar carriles específicos para agilizar el tráfico de los servicios de transporte —el famoso carril bus—, o ser solicitados sus servicios en la calle —ya sea que el vehículo se encuentre estacionado o en movimiento.

Pero claro, al igual que con las licencias de taxis, existe una limitación burocrática para la prestación de estos servicios, a saber, solo puede existir una licencia por cada 30 taxis, por lo que las licencias VTC se cotizan al alza en el mercado secundario, debido a la aparición de Uber y Cabify, disparándose los precios por encima de los 40.000€, lo que dificulta la entrada de oferentes.  Aún así, las licencias de taxistas siguen  teniendo un coste muy superior —en torno a 120.000€ como mínimo—, que se paga en el mercado secundario, puesto que la licencia municipal se obtiene mediante el pago de unas tasas y realizando un examen de aptitudes.

Las licencias se han defendido por 3 motivos: (1) las externalidades que produce la entrada masiva de nuevos operadores en un mercado, como puede ser un mayor tráfico, mayor contaminación, etc., cuyos costes no son internalizados por los últimos oferentes en entrar; (2) el mayor poder de negociación del conductor e información asimétrica que permite cargar mayores precios al consumidor y (3) garantizar un servicio de interés público como es el de servicios de transporte.

Estas tres razones han sido superadas gracias a la implementación de las nuevas tecnologías, y al desarrollo del mercado de servicios de transporte tanto privados como públicos, por lo que no existen razones aparentes para defender las licencias para ofrecer este tipo de servicios. Por eso, los taxistas, cuando defienden las licencias, lo hacen más bien para garantizar un monopolio legal en detrimento del bolsillo de los usuarios y todos aquellos que con una tasa de paro que en nuestro país es estructuralmente alta han encontrado en Uber una oportunidad para vivir gracias a la generación de valor para la población. No quieren competir, a pesar de que digan que ofrecen servicios de mayor calidad y a menores precios.

Y es que según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), liberalizar el sector implicaría una reducción de 5€ en el coste medio de un trayecto en taxi en Madrid y Barcelona, pasando de los 14 a los 9€, al reducir las rentas monopolísticas del taxi que ascienden a 20.357€ anuales —un  propietario de un taxi cobra entre 55.000 y 65.000€ anuales—. Además, se podrían generar entre 52.000 y 68.000 nuevos empleos en Madrid y entre 25.000 y 34.000 en Barcelona, gracias al trasvase de usuarios de vehículos particulares a los servicios de transporte —lo que ayudaría a reducir drásticamente las emisiones contaminantes—. Todo ello también reduciría los tiempos de espera en un 5%, lo que significa unos 6 millones de € de ahorro en Madrid y un 6% en Barcelona y un ahorro de 4,9 millones de €.

En definitiva, la UE actual camina hacia una mayor centralización y burocratización que siempre acaba perjudicando a los generadores de riqueza. La actual deriva explica en un alto grado por qué algunas opciones políticas radicales están teniendo apoyos en diversos países —Le Pen en Francia, Podemos en España, Syriza en Grecia, el Brexit en Reino Unido…—. En este caso, un servicio como Uber no debería necesitar de licencia para poder ofrecer un servicio, pero tampoco los taxistas. La libertad para ofrecer y para demandar nos beneficia a todos y en esto el abogado general no dice nada, esto es, podemos y debemos eliminar las licencias y liberalizar el servicio de transporte.