Estados Unidos inicia una investigación contra España y ocho países más por la ‘tasa Google’

Estados Unidos ha decidido plantar batalla en defensa de sus grandes empresas tecnológicas, a las que varios países europeos como España quieren imponer impuestos de nueva creación. Casualidad o no, este mismo miércoles el Congreso de los Diputados tiene previsto debatir este polémico tributo. El Gobierno tendrá que sacar adelante su propuesta de crear este tributo tras el desafío de la Administración estadounidense y con la oposición firme de PP, VOX y Ciudadanos.

En la víspera de este debate, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha decidido abrir una investigación a la Unión Europea y otros nueve países, también a España, por los impuestos a los servicios digitales, popularmente conocidos como ‘tasa Google’, que se han aprobado o planteado en las distintas jurisdicciones, según ha informado el organismo este martes.

Además de a la UE y a España, la Oficina ha iniciado esta investigación examinando a Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, Turquía y Reino Unido.

La investigación, que según afirman está amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de la potencia que dirige Donald Trump, todavía tiene un recorrido de muchos meses antes de concluir. Entre las medidas que podría proponer el Representante Comercial si la investigación es concluyente está la imposición de aranceles comerciales.

El trámite iniciado este martes todavía se encuentra en su fase inicial, por lo que la Oficina del Representante Comercial únicamente ha pedido comentarios y sugerencias de las partes potencialmente involucradas en el caso, informa Europa Press.

Hace meses, la Oficina culminó un proceso similar con respecto a la ‘tasa Google’ de Francia. La Administración estadounidense decidió imponer un arancel del 100% a una serie de importaciones francesas, como el vino o el queso.

Sin embargo, Washington congeló su aplicación poco antes de entrar en vigor para dar margen a las conversaciones en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que está trabajando en una solución global para la fiscalidad de las empresas digitales.

Impacto negativo para la economía española

El Gobierno español aprobó antes de que estallara la crisis del coronavirus este tributo que tanto enfada a las autoridades estadounidenses. De hecho, el impuesto sobre determinados servicios financieros aprobado en febrero por el Consejo de Ministros, conocido como ‘tasa Google’, podría tener un impacto negativo para la economía española que se comería prácticamente hasta el 70% de los ingresos previstos por el Gobierno.

El Gobierno de Pedro Sánchez tenía previsto que este impuesto ingresara en las arcas públicas 1.200 millones inicialmente. Finalmente rebajó esta cifra a 968 millones de euros.

Sin embargo, el impacto que va a tener la introducción de este impuesto sobre el PIB español será de entre 586 y 662 millones de euros, según un informe de PwC para la patronal del sector. Es decir, que se trata de entre el 58% y el 68% de los ingresos previstos por el Ejecutivo.

Según PwC, los más perjudicados serán los consumidores y las pequeñas y medianas empresas. «Los consumidores experimentarán una pérdida de bienestar de entre 515 y 665 millones de euros, por el incremento en el precio», dice el informe.

En cuanto a las pymes, PwC auguraba, como informó OKDIARIO, que «experimentarán una pérdida de su beneficio operativo de en torno 450 y 562 millones de euros, por el incremento de los costes y la caída de la ventas». Las dos cosas, en conjunto, tendrán un impacto en el PIB de hasta 662 millones de euros.

La visión del Gobierno

En cambio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, opina que la nueva tasa es vital para un nuevo entorno de digitalización de la economía. Según el Gobierno, la tasa no tendrá impacto en la pequeña y mediana empresa española porque se ha reducido de cinco a tres millones la facturación mínima para tener que pagar el impuesto respecto a la propuesta de la Comisión Europea. Sin embargo, el informe de PwC advierte de que las pymes que usen las plataformas para vender sus productos «se verán perjudicadas».

Otro informe, en este caso de Fedea, realizado por los profesores universitarios Julio López y Jorge Onrubia, advertía de que la imposición de tasas unilaterales «tienen inconvenientes por sus previsibles costes de eficiencia sobre la actividad económica que, a su vez, pueden limitar, en una segunda ronda, la recaudación tributaria».

Críticas de las patronales

Este mismo martes, el sector de la economía digital, representado por organizaciones y patronales como Ametic, IAB Spain, la Asociación Española de Startups o la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), mostraban su rechazo al desarrollo unilateral en España de un impuesto digital, conocido popularmente como ‘tasa Google’, y pedían al Gobierno que reconsidere su posición hasta que se alcance un acuerdo en el ámbito internacional.

Como se ha visto tras la investigación abierta, la aprobación de la tasa tiene otro efecto colateral, más allá de las consecuencias económicas lógicas a corto plazo: la posible respuesta del Gobierno de Estados Unidos, país a cuyos gigantes tecnológicos afecta principalmente el nuevo impuesto y que puede adoptar represalias contra otros sectores fundamentales para la economía española. El presidente, Donald Trump, ya ha amenazado con elevar los aranceles al aceite y a los automóviles.