España tardará al menos hasta 2035 en recuperar el nivel de deuda pública previo al covid-19

El Banco de España advierte que la deuda pública no llegará a los niveles previos a la crisis del coronavirus, al menos, hasta 2035. Es la advertencia que ha hecho el gobernador Pablo Hernández de Cos durante su comparecencia en el Senado, donde ha querido, no obstante, avisar de que es posible que puntualmente los datos de déficit público en 2020 sean algo mejor que los calculados inicialmente por el Ejecutivo central. Como es tradicional en esta institución, da una de cal y otra de arena.

El organismo ha mejorado este viernes sus previsiones económicas respecto a sus últimas estimaciones de septiembre, al augurar una menor caída del PIB este año, de entre un 10,7% y un 11,6%, y un mayor crecimiento tanto el próximo año, de entre el 4,2% y el 8,6%, como en 2022, cuando se registrará un crecimiento de entre el 3,9% y el 4,8%. No obstante, para el próximo ejercicio se puede observar como el diagnóstico del supervisor financiero español es mucho más prudente que el del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que desmontaría los pilares de Presupuestos del Estado para 2021 pactados con la formación de Pablo Iglesias, ERC o Bildu, entre otros.

Sobre el déficit público, ha detallado concretamente que podría cerrar «algo mejor» de lo que prevé el Gobierno (11,3% del PIB) por un menor repunte de gastos, lo que podría compensar la desviación de ingresos que se espera para 2021, ante los «riesgos» de una menor recaudación de la prevista por el Ejecutivo.

Un déficit estructural del 5%

De esta forma, ve «factible» que el déficit público cierre el próximo año en el 7,7% del PIB, en línea con la estimación del Gobierno, si bien ha apuntado que España podría salir de la crisis con un déficit estructural del 5% del PIB.

Por consiguiente, contemplando una corrección de cinco décimas anuales conforme a las reglas europeas, se tardaría una década en lograr el equilibrio presupuestario y acabar con ese déficit estructural. En ese caso, la deuda pública se situaría en el año 2035 ligeramente por debajo del nivel de 2019.

El gobernador del Banco de España ha vuelto a pedir la elaboración de un plan de reequilibrio de las cuentas públicas y su comunicación anticipada para otorgar «credibilidad» a corto plazo, unido a reformas estructurales en materia de políticas activas de empleo o mejora del capital humano, y una revisión «completa» del gasto público.

Según Hernández de Cos, es «crucial» mantener la política fiscal de apoyo a empresas y rentas, pero hay que tener en cuenta el impacto en la sostenibilidad de las cuentas públicas e ir elaborando el plan de consolidación presupuestaria.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha propuesto además este viernes ligar la subida de las pensiones y los salarios públicos a un período temporal «superior al anual», y ha insistido en que se valore la posibilidad de aumentos salariales más focalizados dentro del colectivo de funcionarios. En definitiva, que intenta que deje de haber subidas salariales vinculadas al IPC cada año y que las alzas de sueldo en el sector público sean más prudentes.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar del proyecto de Presupuestos de 2021, Hernández de Cos ha planteado que este período temporal superior al anual evitaría incrementos o pérdidas de poder adquisitivo derivados de errores en las previsiones de inflación a un año.

Sueldos públicos

Como planteó en su comparecencia en el Congreso en noviembre, cree que sería más conveniente que, en el contexto actual, en lugar de adoptar incrementos salariales reales generalizados para los trabajadores públicos, se valorase la posibilidad de implementar, de acuerdo con criterios objetivos, aumentos «más focalizados» dentro de este colectivo, como para el personal sanitario.

Hernández de Cos ha vuelto a cuestionar los aumentos del 0,9% recogidos para las pensiones públicas y para el salario de los empleados públicos en el proyecto de Presupuestos, al producirse en un contexto en el que los riesgos sobre la previsión de inflación para 2021 están «sesgados a la baja», por lo que estos incrementos podrían redundar en un aumento salarial en términos reales en una coyuntura en la que, al mismo tiempo, se estaría materializando una «importante destrucción de empleo y un deterioro muy acusado en las cuentas públicas».

En este sentido, ha dicho que esta ganancia de poder adquisitivo se añadiría a las experimentados en 2020, año en el que, de acuerdo con las previsiones del Banco de España, se produciría un aumento de la remuneración real de los funcionarios del 2,7%, aproximadamente, y de las pensiones del 1,2%, como resultado de la fuerte desviación a la baja de la inflación observada en relación con la prevista al principio del ejercicio.