España, Reino Unido, Francia e Italia, unidos contra la reforma europea de los puertos

Desde el independentismo catalán y desde el Puerto de Barcelona se vende como una victoria sobre el Estado la aprobación del borrador del próximo reglamento europeo de puertos por parte de la Eurocámara. Sin embargo, fuentes del Gobierno español han dicho a este periódico que “lanzan las campanas al vuelo sin demasiado fundamento” puesto que queda una larga negociación por delante. España formará un bloque común con al menos Reino Unido, Italia y Francia para oponerse en la reforma en sus términos actuales.

La clave de la reforma radica en la fijación de tasas portuarias que tienen que pagar los barcos.

En España existe lo que se llama “sistema portuario”. Las tasas se fijan desde la Administración General del Estado, si bien las cobra directamente cada autoridad portuaria (existen 28 en todo el país). A esto se añade la existencia de un fondo de Compensación Interportuario, una “caja común” de funcionamiento similar a los fondos de cohesión europeos. Algunos puertos, los más rentables, son aportadores netos y otros, como los canarios y los de Ceuta y Melilla, son receptores netos por resultar deficitarios.

A pesar de que las tasas las fija el Estado, son flexibles y establecen una horquilla de máximos y mínimos entre los que se pueden mover las autoridades portuarias a la hora de decidir qué cantidad establece en cada momento. Además, las autoridades portuarias pueden establecer exenciones en esas tasas para determinados tipos de barcos. En Barcelona, por ejemplo y según han explicado fuentes portuarias a este periódico, se le aplica a los cruceros para atraer a este tipo de nave que genera muchos ingresos por turismo en la ciudad.

Todas las autoridades portuarias españolas, cuyos presidentes son nombrados por las comunidades autónomas en la que está cada puerto, apoyan la postura del Gobierno. La única excepción es la de Barcelona, uno de cuyos directivos es además presidente del lobby Organización de Puertos Europeos  (ESPO, por sus siglas en inglés), Santiago Garcia-Milà.

En los países del Norte de Europa el sistema es diferente, y es cada puerto el que las establece por su cuenta. El borrador de reglamento europeo va en esta última línea y, de salir adelante, obligaría a cambiar la normativa española e incluso la Constitución.

Larga negociación por delante

Tras la aprobación del borrador por parte de Parlamento Europeo comienza una negociación multilateral entre esa Cámara, la Comisión Europea y los Estados miembro de la Unión Europea. En esas reuniones, España no estará sola, según han informado a OKDIARIO fuentes de Puertos del Estado. Reino Unido se opone al proyecto porque se opone a cualquier norma europea que suponga una restricción de su capacidad de decidir por cuenta propia. Esta postura se ve reforzada por la proximidad sobre el referéndum sobre la posible salida de la UE, puesto que no se quiere dar argumentos a los partidarios del Brexit.

Italia, que está preparando la reforma de su propia ley nacional sobre esta materia, también se opone con fuerza. En el país trasalpino las tasas las cobra el Estado y después las reparte entre los diferentes puertos. Francia también tiene sus propios motivos para oponerse.

Esta alianza podría contar con un quinto país, pero todavía no está claro que se vaya a unir. Se trata de Grecia. Las dudas radican en su situación interna, que ha obliga a emprender fuertes reformas en su sistema portuario e incluso ha privatizado ya alguna instalación.

Los intereses del norte de Europa

Fuentes portuarias españolas han destacado el hecho de que el ponente de la reforma, el eurodiputado socialdemócrata Knut Fleckenstein, sea alemán. Dicen que está defendiendo los intereses de los puertos del Norte de Europa, incluyendo los germanos frente a los del sur del continente o los de Reino Unido. Fuentes de Puertos del Estado han destacado a OKDIARIO que la proyecto de reforma quiere imponer modificaciones en el sistema de tasas pero no entra en la financiación de las inversiones en cada puerto.

Han explicado que en España el sistema es muy transparente y fácil de auditar, mientras que en los puertos del norte la financiación no es nada clara. “En muchos de esos países es imposible saber, por ejemplo, si una obra la ha pagado el propio puerto, la ciudad donde está o el Estado”, han dicho.