España despilfarra 60.000 millones por gasto público ineficiente mientras Sánchez sube impuestos

España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE respecto a la eficiencia del gasto público, según se desprende del Índice de eficiencia de gasto público de 2021. Los expertos estiman que España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE. Ello supondría un ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros.

En concreto, según el informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España obtiene una puntuación de 74,4 y se sitúa en la posición 29 del índice, en la zona media-baja de la tabla, mientras que la UE cuenta con una puntuación de 98,6 y la OCDE de 100. De hecho, España obtiene una puntuación más baja que la mayor parte de los principales países de la UE, especialmente nórdicos y centroeuropeos. De acuerdo con el informe publicado este lunes, España ha mostrado un deterioro en el Índice IEE de eficiencia del gasto de unos diez puntos, al pasar de un valor de 84,6 en 2019, a 74,4 en 2021, lo que denota una pérdida relativa de eficiencia en comparación con otros países de la OCDE.

«Ante este escenario, es evidente que España tiene un amplio margen por delante para tratar de mejorar la eficiencia de su gasto público, lo que redundaría en beneficio no solo de la Administración Pública, sino también de toda la sociedad española en general», han remarcado desde el Instituto. De esta forma, con el ahorro en el gasto público que podría obtenerse como consecuencia de una mejora de la eficiencia de este hasta situarse en niveles equivalentes a la media de la OCDE, podría lograrse la necesaria consolidación fiscal sin recurrir a subidas de impuestos.

En este sentido, el instituto defiende que mejorar la eficiencia del gasto público es la vía fundamental para abordar la necesaria consolidación fiscal a medio plazo, ya que, a diferencia de las subidas impositivas, «no resulta dañina» para la actividad económica. «Las subidas de impuestos tienen efectos muy negativos sobre el crecimiento y la inversión, y estos se extienden durante un período prolongado de tiempo, a través del deterioro de las expectativas y de la confianza de los agentes», han apuntado los expertos.

Subidas de impuestos

Así, defienden que las alzas impositivas no son una adecuada herramienta de consolidación fiscal, ya que, en muchos casos, terminan suponiendo un efecto contrario al deseado, con un incremento del déficit y de la deuda, y no al revés, tanto por el excesivo optimismo de las estimaciones adicionales de ingresos como por el menor dinamismo de la actividad al que inducen.

El IEE considera que las subidas impositivas para cubrir las pérdidas de recursos derivadas de la ineficiencia del gasto son «distorsionadoras», incrementando el exceso de gravamen que soportan los contribuyentes y amplificando los costes que, en términos de impuestos, supone dicha ineficiencia del gasto.

De igual modo, han advertido de que el nivel de imposición y la elevación de este también inciden negativamente sobre los niveles de eficiencia del gasto, es decir, que los incrementos de impuestos tienden a reducir los niveles de eficiencia del sector público. Así, se estima que un aumento de un 1% del PIB en ingresos fiscales lleva a una reducción del 1% en la eficiencia del gasto. «Las subidas de impuestos suelen consolidar mayores niveles de gasto, lo que supone un mayor espacio para que se produzcan fugas de recursos y pérdidas de eficiencia», han alertado.

Por todo ello, previo a cualquier tentativa de reforma tributaria que suponga un aumento impositivo, el IEE cree que debería abordarse una mejora decidida de la eficiencia del gasto público. Entre las principales medidas por las que aboga el IEE para la reforma del gasto público destacan la implementación de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, la gestión profesionalizada e independiente, la evaluación constante de las políticas públicas, el fomento de la colaboración público-privada y favorecer la corresponsabilidad fiscal, entre otras.