Ernst & Young se divide: ¿Sirven para algo las auditorías?

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 29/05/2022 06:45
  • Actualizado: 29/05/2022 06:45

EY (Ernst & Young) ha anunciado esta semana su intención de dividirse en dos empresas, una para auditoría y otra para la consultoría, en la mayor reestructuración de una de las big four en 20 años. Esta segregación será probablemente imitada por las otras tres grandes -Deloitte, PwC y KPMG, aunque esta última se resiste- y viene obligada porque en EEUU se les han inflado las narices con el permanente conflicto de interés de estos gigantes y han decidido meterle mano de una vez. Pero más allá, la gran pregunta es: ¿Sirven para algo las auditorías?

La crisis financiera de hace una década dejó muy tocados a dos sectores, que, sin embargo y nadie sabe muy bien cómo, se las han arreglado para sobrevivir y mantener el mismo modelo que fracasó estrepitosamente entonces: las auditoras y las agencias de rating. Ambos fueron incapaces de detectar los enormes riesgos que estaban corriendo la banca y los inversores en productos que luego resultaron ser tóxicos, y los fraudes que se descubrieron con el estallido de la burbuja (como dice Buffett, cuando baja la marea se ve quién lleva bañador).

Tanto las agencias de calificación como las auditoras tienen un conflicto de interés irresoluble: cobran de quien deben analizar. Y eso implica que, si el cliente no está de acuerdo con su rating o con el informe de auditoría que le da una firma, puede cambiarla para la próxima vez y ésta se queda sin esos ingresos. En el caso de las auditoras, la cosa se agrava porque, además de revisar las cuentas de las empresas, les hacen trabajos de consultoría por los que cobran mucho más, por cierto. Por tanto, ponerle salvedades puede implicar la pérdida de facturas millonarias.

El desastre de las cajas de ahorros

Sea por eso o por otros motivos -incompetencia u otros más inconfesables-, el caso es que ninguna auditora fue capaz de alertar de la situación insostenible en que se encontraban muchas entidades financieras españolas durante años. Con casos tan sangrantes como el de KPMG en la CAM alicantina («lo peor de lo peor», MAFO dixit), o los de Deloitte en CatalunyaBanc o NovaCaixaGalicia.

Los únicos casos en los que los auditores sí levantaron la mano fueron Bankia (Deloitte) y Banco Popular (PwC). Pero, en ambas entidades, lo hicieron demasiado tarde y cuando ya estaban al borde de la quiebra, después de años sin poner una sola salvedad a sus cuentas -en el caso de Bankia, varias auditoras no detectaron nada sospechoso en ninguna de las siete cajas que se fusionaron-. Deloitte acabó juzgado por la salida a Bolsa de la entidad que presidía Rodrigo Rato, pero salió absuelto como el exvicepresidente. Ahora bien, el daño reputacional le costó perder al grueso de las empresas del Ibex como clientes.

Otros auditores más pequeños tampoco se olieron nada en fraudes escandalosos como el de Pescanova (BDO) o Gowex (M&A). Es decir, no se trata de un problema puntual de una o dos firmas; es una cuestión sistémica. Lo cual nos lleva a la pregunta inicial, es decir, para qué sirven las auditorías.

Si una auditoría no es fiable, ¿para qué sirve?

La teoría dice que sirven para dar a los inversores y otros grupos de interés (lo que las empresas llaman de forma cursi stakeholders) seguridad sobre la fiabilidad de las cuentas de las compañías. Pero, si en la práctica, son incapaces de detectar cuando esas cifras no reflejan la realidad o cuando son directamente ficticias, no parece que sean muy útiles.

Cuando planteas esto a un auditor, enseguida responde que es necesario un instrumento que dé «confort» a los accionistas. Pero se puede plantear a la inversa: si una auditoría no garantiza que las cuentas sean reales, no da ningún «confort». Si nunca sabes si la auditoría es fiable o no, entonces casi mejor no hacerla y dinero que nos ahorramos. Y me da igual lo de que ellos sólo conocen lo que les enseña la empresa y demás salvaguardas que ponen en sus interminables disclaimers. La realidad ha demostrado tozudamente que no nos podemos fiar de ellas.

Esta posición tan radical nunca se va a llevar a la práctica, pero las autoridades sí están tomando medidas para minimizar -no para suprimir, porque es imposible- los conflictos de interés. En España, Luis de Guindos hizo una ley en 2015 que limitaba los contratos de consultoría que la auditora podía tener con la empresa y que obligaba a cambiar de auditor cada 10 años. Un paso muy tímido que se ha demostrado insuficiente: anda que en 10 años no puede haber conflictos de interés y escándalos como los citados.

Los auditores deben tener más responsabilidad penal

En EEUU y Reino Unido, países mucho más serios para estas cosas, han decidido tirar por la calle de enmedio y limitar mucho más estos conflictos de interés, que es lo que ha provocado el anuncio de EY. Las big four serán dos empresas separadas con cuentas de resultados independientes, lo cual es un gran avance. No obstante, falta el más importante: que esas dos firmas tengan accionistas también distintos. Porque si no, todo se seguirá quedando en casa. EY apunta en la buena dirección y pretende sacar a Bolsa o vender una parte de la división de consultoría.

Pero no sólo hay que reducir los conflictos de interés. También hay que cambiar la metodología y que las auditorías sean mucho más profundas. Y, sobre todo, hay que incrementar la responsabilidad de estas firmas: si usted dice que unas cuentas reflejan la realidad, y luego no es así, usted va a la cárcel. Así veríamos cómo los auditores se toman mucho más en serio su trabajo. Sí, en ese caso las auditorías serían mucho más caras. Pero es preferible pagar mucho a cambio de seguridad que pagar poco y tener unas auditorías que no sirven para nada, como las actuales.