Las energéticas esperan que Sánchez incumpla su promesa y no haya impuesto o se llevarán sus inversiones

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 22/11/2024 06:45
  • Actualizado: 22/11/2024 06:45

La reforma fiscal salió adelante con la promesa de que habrá un impuesto a las energéticas, que no quieren ni entrar a discutir el asunto, puesto que no se conoce ni el cómo ni el cuándo de ese decreto que, en teoría, vendría a imponerles un nuevo tributo si no cumplen ciertas condiciones. Lo que tienen claro es la respuesta que da la propia patronal del sector: «Si se juega con la seguridad fiscal y jurídica, se ponen en riesgo 30.000 millones de inversión».

Podemos se plegó finalmente al deseo del Gobierno y votó a favor de a reforma fiscal, pero las implicaciones van más allá de una reforma que descafeinaron los socios del Ejecutivo -particularmente PNV y Junts-, y es la promesa de un futuro decreto que imponga a las energéticas un impuesto por sus beneficios.

La clave de ese nuevo impuesto es la que sigue: BNG, Bildu, Podemos y ERC quieren que sea casi calcado al que aplica hasta finales de este 2024, pero Junts y PNV lo rechazarían, por lo que la cabriola del Gobierno es inventarse «excepciones» al impuesto, y que parezca lo que no es.

En la reforma fiscal aprobada por el Congreso sale adelante el impuesto a la banca, que además se eleva un punto, y que el sector ya ha anunciado que recurrirá. El impuesto de sociedades a las grandes corporaciones será obligatorio del 15%, pero las socimis han salvado el régimen especial: no verán incrementada su tributación.

El foco, en adelante, y mientras se dirimen las cuestiones judiciales con la banca, estará en el sector energético, donde las grandes compañías ya anunciaron que, «si sale adelante el impuesto», si «no hay seguridad jurídica» sobre la actividad empresarial, y si se «pone en duda el marco fiscal con el que se trabaja en el corto plazo», también se verán comprometidas las inversiones que hay planteadas y que, calculan, tienen un valor de 30.000 millones de euros.

Y eso es lo que no quieren, particularmente, ni Junts ni PNV. Ambos partidos saben que su electorado prioriza la inversión y el empleo sobre la creación de un nuevo impuesto que castigue a las grandes corporaciones, y votarán en contra de cualquier medidas que se saque en ese sentido.

Es por eso que el Gobierno se ha comprometido a la creación de un decreto que cree ese nuevo impuesto a las energéticas. Pero para poder cuadrar el círculo, les ha dicho a PNV y a Junts -particularmente a éste último- que ese impuesto no será de aplicación para las empresas que cumplan con los «objetivos de descarbonización». Un sí pero no del que el sector no se fía.

Porque hacer un impuesto para que no sea aplicable, no se entiende desde el punto de vista del resto de socios -BNG, Bildu, ERC o Podemos-. Fuentes del sector consultadas por OKDIARIO esperan que ese impuesto no vea la luz, o que pueda ser absorbido sin problemas mediante incentivos.

El problema, como con todo en esta reforma fiscal que ha salido adelante, es la confianza. Por eso el sector prefiere ser «prudente» e ir hablando sólo de los hechos «que de verdad se vayan produciendo».

El nuevo impuesto a la banca

De este modo, el nuevo tipo del impuesto a la banca será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

Por otro lado, la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquel en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto -PIB-.

El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las autonomías de régimen común mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente, y se efectuará en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto.