Economía
El grupo italiano analiza acciones legales contra la medida

Enel, dueña de Endesa, dice que el impuesto de Sánchez es ilegítimo y estima 300 millones de impacto

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El impuesto de Pedro Sánchez al sector energético, también al financiero, enfrenta ya también fuera de España una fuerte oposición. Al rapapolvo del Banco Central Europeo al impuesto a la banca, se suma ahora el primer rechazo internacional de una multinacional extranjera al gravamen al sector energético.

La eléctrica italiana Enel, dueña de la española Endesa, considera que el impuesto defendido por el Gobierno español es «ilegítimo», contrario a la regulación europea, y avisa de que emprenderá acciones legales contra la medida cuando esta se aprobada. El grupo, una de las mayores eléctricas del mundo, estima un impacto de 300 millones en su negocio por el impuesto español.

«Seguiremos el proceso parlamentario en España para evaluar posibles acciones judiciales cuando se apruebe el reglamento», subrayó el viernes Alberto De Paoli, director financiero de Enel, en un encuentro con analistas tras la presentación de los últimos resultados trimestrales del grupo.

«Consideramos que los impuestos son contrarios a las disposiciones de las regulaciones de la Unión Europea», indicó, en declaraciones recogidas por Reuters, y añadió que el gravamen es «ilegítimo».

El grupo italiano registró una caída de los ingresos del 9,5% entre enero y septiembre, hasta los 3.000 millones de euros, y ha revisado su previsión de negocio para el año 2022, reduciendo los ingresos de 5.800 millones de euros a 5.000 millones.

La Proposición de Ley para el establecimiento de impuestos temporales al sector energético y financiero está siendo ahora tramitada en el Congreso. El jueves el Pleno aprobó continuar con el proceso tras rechazar una enmienda presentada por Ciudadanos.

La proposición de ley contempla que la medida esté vigente durante los dos próximos años y que el importe a pagar sea el resultado de aplicar a la cifra de negocio anual un porcentaje del 1,2%. Las compañías con ingresos inferiores a los 1.000 millones en 2019 estarán exentas del nuevo gravamen.