El ministro Hereu llena el consejo de la empresa de astilleros Pymar de asesores políticos sin experiencia naval
El ministerio propuso el nombramiento como consejeros de Josu Lapresa Zamarbibe y Álvaro González Martín, miembros del gabinete de Hereu

El Ministerio de Industria que dirige Jordi Hereu ha promovido el nombramiento de varios cargos de su máxima confianza para el consejo de administración de Pymar, una sociedad clave para el sector naval español. Se trata de una decisión que ha provocado malestar dentro del propio departamento y entre profesionales vinculados a la industria marítima. Dentro de los nuevos consejeros, destacan un miembro de su gabinete y su director de comunicación.
Según consta en la convocatoria de la Junta General publicada en el BORME, el ministerio propuso el nombramiento como consejeros de Josu Lapresa Zamarbibe y Álvaro González Martín, junto a otros representantes designados por Industria.
La polémica se centra especialmente en el relevo de representantes tradicionalmente vinculados al conocimiento técnico del sector naval por perfiles de carácter político. Fuentes conocedoras de los cambios explican que el puesto ahora ocupado por Álvaro González Martín había estado reservado históricamente a altos funcionarios del área industrial con experiencia en construcción naval y en la gestión de la política marítima española.
Círculo de confianza del ministro
Las mismas fuentes señalan que González Martín forma parte del equipo más próximo al ministro. Su designación para el consejo de Pymar ha sido interpretada internamente como un movimiento para reforzar la presencia del gabinete ministerial en organismos y empresas públicas dependientes o vinculadas al departamento.
La situación ha generado especial incomodidad porque Pymar desempeña un papel estratégico para los astilleros privados españoles. La sociedad participa en instrumentos de financiación, avales y apoyo industrial para el sector naval, por lo que tradicionalmente sus órganos de gobierno han contado con perfiles especializados en ingeniería naval, industria pesada o gestión empresarial ligada a los astilleros.
A ello se suma el nombramiento de Josu Lapresa, responsable de comunicación del ministro. Su incorporación al consejo ha resultado sorprendente, según algunos sectores del propio departamento, al no proceder tampoco del ámbito técnico naval ni tener ningún tipo de experiencia al respecto. «Es un nombramiento de un consejero», explican las fuentes, «no de un especialista en comunicación o similar».
Fuentes internas consideran que estos movimientos reflejan una creciente politización de organismos vinculados a Industria. Según sostienen, «el entorno más cercano de Hereu ha incrementado su presencia en consejos de administración y entidades públicas» durante los últimos meses, una práctica que además suele conllevar remuneraciones adicionales por asistencia a dichos órganos de gobierno.
Malestar en Industria por los cambios
Las críticas no se limitan a los nombramientos. Diversas fuentes apuntan también al creciente protagonismo del gabinete ministerial en decisiones que tradicionalmente correspondían a áreas técnicas del departamento. En ese contexto, señalan directamente al subsecretario de Industria, Pablo Garde Lobo, como una de las figuras que habría avalado los cambios organizativos y las nuevas designaciones.
El malestar se habría intensificado tras varios ceses y reorganizaciones internas producidas durante los últimos meses, que algunos funcionarios interpretan como un refuerzo progresivo del control político sobre estructuras tradicionalmente gestionadas por perfiles técnicos.
La Junta General de Pymar también aprobó otros nombramientos a propuesta del Ministerio de Industria, entre ellos los de Ilona Shekyants Kazaryan y Cristina Serrano Leal.
Las incorporaciones se producen en un momento especialmente sensible para el sector naval español, inmerso en una fuerte competencia internacional y dependiente de instrumentos públicos de apoyo financiero para mantener su actividad y carga de trabajo. Precisamente por ello, varias fuentes consultadas consideran que la sustitución de perfiles especializados por asesores de carácter político puede debilitar la capacidad técnica de los órganos de dirección de una entidad considerada estratégica para los astilleros españoles.