Los empresarios piden liberalizar alquileres y subvenciones más que avalar la compra de vivienda

Los empresarios piden liberalizar los alquileres así como un aumento de las subvenciones para ir resolviendo paulatinamente el problema de la vivienda en España, en mayor medida que otras alternativas como avalar la compra de pisos, que es el camino elegido por el Gobierno. Según las fuentes consultadas, los empresarios creen que el plan de avales para ayudar a los jóvenes en la adquisición de una vivienda, facilitando así la entrada para obtener un préstamo bancario, va en la buena dirección, pero es claramente insuficiente para resolver el problema acuciante de que la gente con recursos limitados o en situación más precaria encuentre un alojamiento en el menor tiempo posible.

El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE) -el think tank de la patronal CEOE-, Gregorio Izquierdo, asegura que la regulación española del urbanismo «es de las más intervencionistas de Europa, y supone una clara intromisión en el derecho de propiedad que distorsiona el mercado y finalmente da lugar al efecto contrario al que dice perseguir: la dificultad rampante para encontrar un alojamiento en las principales ciudades del país».

En su opinión, recogida en un reciente informe elaborado por el Instituto, el fomento del alquiler sería una opción más eficaz y desde luego compatible con el plan de avales aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Para tener éxito, requeriría, a fin de facilitar el acceso a la vivienda no protegida, de una mayor libertad de pacto entre el poseedor de la propiedad y el arrendatario, así como de subvenciones e incentivos fiscales en el impuesto sobre la renta que beneficiaran a ambas partes. «La normativa actual es extremadamente rígida -el contrato de alquiler debe hacerse por un periodo de siete años- y la tributación muy gravosa, circunstancias que limitan enormemente la oferta, que es el grave problema del país».

La segunda línea de actuación debería dirigirse, de acuerdo con los empresarios, a mitigar los problemas de la gente que tiene recursos limitados y que sólo podría acceder a una vivienda de carácter social y en régimen de alquiler. Para ello, sería fundamental apelar a la colaboración público-privada, de tal manera que el Estado usara el abundante suelo público del que dispone para sacarlo a concurso y licitación para que se hiciera cargo de la explotación una empresa privada en un régimen concesional por un tiempo limitado, pasado el cual, la responsabilidad sobre el mismo pasaría al Estado. El modelo sería similar al que se ha desarrollado con éxito en el caso de las autopistas.

Esta alternativa debería completarse -en lugar de con más avales- con subvenciones a los arrendatarios, que es la mejor manera de gastar dinero público, en lugar de destinarlo a otra clase de objetivos, como sucede en la actualidad, que son ineficientes desde el punto de vista económico. Esta estrategia serviría también para proteger a los propietarios, que ahora se sienten desasistidos y, por ejemplo, no pueden proceder al desahucio en el caso de los inquilinos que no son capaces de hacer frente a sus obligaciones.

«Estas situaciones son penosas, y por eso hay que hacer lo posible para arreglarlas, pero su coste no puede recaer sobre los propietarios, porque la consecuencia directa será, como viene sucediendo, que la oferta de alquiler se restrinja cada vez más», opina Izquierdo. «Para eso están las políticas públicas, para que sea el Estado el que cargue con el coste de estas situaciones de extrema necesidad, evitando que el peso de afrontarlas repercuta sobre los propietarios de la vivienda». En caso contrario, lo que sucede es que la gente deja de alquilar sus viviendas ante los numerosos riesgos que afronta, incide.

El Gobierno, sin embargo, ha optado por una política de avales que cuenta con el beneplácito de la patronal de empresarios -y así se recoge en el documento elaborado por el IEE- y «es muy positiva», pero que en realidad no representa coste alguno para el Estado. El motivo es que los avales que garantizará el Gobierno ante las entidades bancarias con las que lleva tiempo negociando no van a suponer clase alguna de desembolso para el presupuesto público.

Todo el dinero que se dedicará a este programa se costeará con el dinero proveniente de los fondos europeos, que este año superarán los 9.000 millones, y que van cada vez más menguando. «Esto  está muy bien, pero, entre otros destinos, los recursos del Estado deben emplearse para justificar intervenciones extremas, como pueden ser las subvenciones para las personas más desfavorecidas, cuya única salida es el alquiler, pues no están en condiciones de acceder a un crédito ni siquiera con el apoyo de un aval del Tesoro público, ya que carecen de un empleo estable y de un salario ocasional que sea suficiente como para permitírselo», señalan los responsables del IEE.

Actualmente, la vivienda en régimen de alquiler social representa en España un 2,5% del parque inmobiliario frente al 9% de la media de la Unión Europea, y su fomento podría beneficiar a varias familias -dado el régimen de rotación habitual- en lugar de la fórmula de vivienda protegida en régimen de propiedad, que es la que pretende impulsar el Gobierno con su plan de avales y que sólo resuelve el problema de una familia -el Ejecutivo espera, a pesar de todo, que su programa de garantías afecte a 50.000 personas-.

Con el plan de los empresarios, se trataría de movilizar el stock de vivienda ya existente de pequeños propietarios, de grandes tenedores -como fondos de inversión, entidades de gestión de activos, fondos de capital riesgo y de titulización de activos- así como de todo lo que pudiera construirse en suelo público.