Los empresarios creen que los presupuestos de Sánchez son inconstitucionales por los nuevos impuestos

Ya no hay paños calientes entre la patronal CEOE y el Gobierno. Íñigo Fernández de Mesa, uno de los vicepresidentes de la organización y mano derecha de Antonio Garamendi, atacó ayer con una dureza inusitada los presupuestos del Estado para 2023 y aseguró que tienen el riesgo máximo de «ser declarados inconstitucionales». En su opinión, el motivo son los nuevos tributos inventados por el equipo del presidente Sánchez, que cargan contra los supuestos beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas y la banca. Además, considera que el llamado impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas implica de hecho un vaciamiento del Estado autonómico que no tiene cabida en la Carta Magna.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado un recurso ante el Constitucional contra este singular impuesto con el argumento de que atenta contra las competencias de todos los gobiernos regionales. CEOE añade, además, en coincidencia con la líder popular, que «se trata de un intento de resucitar por la puerta de atrás el Impuesto sobre el Patrimonio, que no existe en ningún país desarrollado del mundo».

Este impuesto está bonificado fiscalmente hasta un 90% en Madrid. El mes pasado, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, decidió seguir los pasos de Ayuso y anunció que eliminaría su tributación prácticamente al completo. Este plan inesperado se convirtió en un terremoto político, provocó una reacción furibunda del Gobierno contra «las propuestas de la derecha de rebajar impuestos, poniendo en peligro el Estado de Bienestar» y, de hecho, fue lo que precipitó la ocurrencia de Sánchez de lanzar el gravamen sobre las grandes fortunas. Tras el anuncio de Moreno, la comunidad de Galicia también ha decidido mejorar la tributación sobre el Patrimonio, aumentando la actual bonificación al 50% en 2023, y ha removido los planes de otros barones socialistas, como los de Valencia y Extremadura, para reducir la carga fiscal de los ciudadanos.

De hecho, la principal línea estratégica de Sánchez para reducir la ventaja que todas las encuestas -excepto la del CIS- dan el PP de cara a las nuevas elecciones generales -previstas para noviembre del próximo año, si no surge un adelanto sorpresa- es insistir con reiteración en los beneficios de los impuestos para sostener el Estado de Bienestar, a fin de ayudar a las clases medias y trabajadoras para combatir la crisis. La frase lapidaria que repite el presidente a todas horas es que «no es cierto que el dinero esté mejor en el bolsillo de los ciudadanos» porque esto devastaría el sistema de protección social.

El Instituto de Estudios Económicos, que es el think tank de la CEOE, a cuyo frente están Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, éste como director general, sostiene igualmente la opinión de que las tasas sobre las eléctricas y las entidades financieras no están debidamente formulados, no reúnen las condiciones para ser declarados impuestos y están supuestamente destinados a gravar una capacidad económica inexistente, «porque  no hay beneficios caídos del cielo ni en el caso de las compañías energéticas ni tampoco en el de la banca -en este caso atribuidos a las supuestas ganancias que se obtengan por la subida de los tipos de interés-«.

Por otra parte, el Impuesto extraordinario de nueva generación a la banca está siendo sometido a un riguroso estudio por parte del Banco Central Europeo, que desconfía de sus resultados y sospecha que puede tener consecuencias adversas sobre el grado de solvencia de la banca, que vigila estrechamente la institución de Fráncfort. La comisión de expertos encargada al respecto por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, emitirá su dictamen en los próximos días, pero todo apunta a que puede suponer un serio varapalo para las intenciones del Gobierno de Sánchez.