Empresarios catalanes avisan a Ábalos: se construirán miles de pisos menos por el control del alquiler

La regulación del precio del alquiler que Pablo Iglesias quiere imponer en la futura Ley de Vivienda provocará que se dejen de construir miles de viviendas. Es el aviso que lanzan desde la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) al Ministerio de Transportes dirigido por Jose Luis Ábalos.

Los empresarios catalanes saben bien de lo que hablan ya que la Generalitat de Cataluña aprobó a finales de septiembre de 2020 la ley de contención de rentas que ha tenido unos efectos muy nocivos en el mercado inmobiliario. El más destacable es la reducción de la oferta. De hecho, los promotores estiman que se dejarán de construir 1.500 viviendas al año. Una cifra que se disparará considerablemente si la norma termina aplicándose a nivel nacional.

«Hemos trasladado nuestra inquietud sobre la regulación del alquiler al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Les hemos contado todos los efectos perniciosos que estamos detectando de esta medida», explica Marc Torrent, director general de APCE, quien también denuncia que la norma está «mal diseñada» porque trata con el mismo criterio a las viviendas de 70 años de antigüedad que a los inmuebles de 7 años. Además de reducir la oferta y generar inseguridad jurídica, los precios apenas han bajado en comparación con los mercados no regulados.

El PSOE no está dispuesto a incluir en la futura Ley de Vivienda el control de los precios del alquiler que tanto quiere Pablo Iglesias

Por el momento, el PSOE no está dispuesto a incluir en la futura Ley de Vivienda el control de los precios del alquiler que tanto quiere Pablo Iglesias y en su lugar apuesta por un modelo de incentivos fiscales. El control de los precios del alquiler es -precisamente- el punto que amenaza con hacer saltar por los aires la negociación entre los dos socios de Gobierno.

Tanto PSOE como Podemos admiten que las posiciones se mantiene alejadas y ni siquiera hay una fecha en el calendario para aprobar la norma. En lo que sí que hay acuerdo es en aplicar un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para gravar los pisos vacíos. Por el momento no han concretado la cuantía del recargo, aunque el nuevo castigo fiscal sólo afectaría a los propietarios con al menos cuatro viviendas que lleven 2 años vacías.

PSOE y Podemos tampoco han acercado posturas sobre la responsabilidad que deben tener los grandes propietarios de vivienda en la futura ley. La formación morada exige que destinen el 30% de su parque a vivienda social, algo que no gusta al equipo de Ábalos, que sí que está negociando con los fondos la cesión de viviendas al alquiler social, pero con otras fórmulas.