La CEOE avisa sobre otra subida de las cotizaciones sociales: «No la podríamos soportar»

El déficit acumulado por la Seguridad Social tras la reforma de las pensiones impulsada por el anterior titular de la cartera, José Luis Escrivá, ha causado conmoción en la patronal CEOE, que teme, a efectos de enjugarlo, una nueva subida de las cotizaciones sociales. Esta posibilidad «sería letal para el crecimiento económico», según fuentes de la organización que preside Antonio Garamendi consultadas por OKDIARIO. «Retraería aún más la inversión, destruiría empleo, elevaría la tasa de paro y perjudicaría la actividad», explican los citados medios.

La inquietud entre los empresarios ha aumentado tras conocerse el informe enviado a la Unión Europea por el Ministerio de Economía en diciembre pasado, cuando todavía estaba al frente Nadia Calviño, en el que se reconoce la necesidad de hacer un ajuste de 12.000 millones para garantizar la sostenibilidad del modelo, que hace aguas tras la decisión de revalorizar las jubilaciones según la marcha de la inflación.

El informe elaborado por la Dirección General de Análisis Macroeconómico junto a técnicos del Banco de España deja muy claro que, aunque la reforma de Escrivá incluye una serie de mecanismos para elevar los ingresos, éstos no serán suficientes para compensar la explosión de gasto en pensiones que se va a producir en el futuro. Aunque el déficit de la Seguridad Social cerró 2023 en un 0,5% del PIB, el desequilibrio empeorará  en 2,6 puntos hasta 2050, y alcanzará su cota más alta -del 3,1%- del PIB en 2053. «Tal grado de deterioro va a forzar al Gobierno a adoptar nuevas medidas correctoras y nos tememos que éstas seguirán el guión tradicional de este Gobierno, que consiste en aumentar los impuestos y las cotizaciones, complicando la vida a los empresarios».

Hasta la fecha, y antes de que se produjera la remodelación del Gobierno en diciembre pasado, Escrivá decidió el destope de las cuotas sociales de los salarios más elevados, el aumento de las cotizaciones de los autónomos,  la llamada cuota de solidaridad aplicada a los sueldos altos -conocida como mecanismo de equidad-, así como el aumento progresivo de la edad efectiva de jubilación, pero estas medidas apenas compensan parcialmente la escalada del gasto en pensiones. «Por eso una nueva vuelta de tuerca a las cotizaciones provocaría efectos nocivos para la actividad económica», insisten las fuentes consultadas. «No la podríamos soportar».

De hecho, los efectos de las sucesivas medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez en contra de los empresarios -entre las que también se encuentra el aumento del Salario Mínimo Interprofesional- ya han empezado a notarse en la evolución del mercado de trabajo. En concreto, la tasa de paro se situó en el tercer trimestre en el 12,29% y el número de ocupados disminuyó en 140.000 personas con respecto al último trimestre de 2023, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De hecho, el número de parados en España se ha incrementado en 110.000 personas en sólo tres meses, hasta los 2,977 millones, un 4,1% más que en el periodo inmediatamente anterior. La semana pasada, el servicio estadístico de la UE Eurostat constató que la tasa de desempleo en nuestro país ya es la más elevada del conjunto de los estados miembros -12%-, superando a la de Grecia, y eso sin tener en cuenta los últimos resultados de la EPA.

Según el economista José Luis Feito, miembro de la comisión ejecutiva de la CEOE, «no hay duda de que, a medio plazo, el aumento de la carga fiscal, las normas que impulsan el intervencionismo en la vida de las empresas por medio de regulaciones diversas con el pretexto de proteger a colectivos supuestamente desfavorecidos, tendrá efectos perversos crecientes en el nivel de ocupación y provocará finalmente una desaceleración de la economía».

Estos efectos negativos se multiplicarán si el Gobierno persiste en su intensión de aumentar los impuestos y las cotizaciones sociales, indican otras fuentes de la organización que prefieren guardar el anonimato. La preocupación es máxima porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prepara nuevas subidas en el presupuesto del año que viene ante los menores ingresos que ya está proporcionando la inflación. A pesar de que el Gobierno de Sánchez no ha descontado a lo largo de su mandato el impacto del crecimiento de los precios en los impuestos, y en particular en el IRPF -que es el que tiene mayor peso recaudatorio-, el descenso del IPC  durante los últimos meses abre un agujero en lo que ha sido la principal fuente de recursos del Estado.

Entre las ideas que baraja Montero está la de «dar una vuelta al Impuesto de Sociedades», conservar como mínimo un año más el gravamen establecido de manera extraordinaria sobre el margen de la banca y de las compañías eléctricas, a pesar de que está recurrido ante los tribunales y los dos sectores afectados esperan ganar el pleito con toda seguridad, y seguir con los retoques en las cotizaciones sociales que ya tienen exhaustas a las empresas mermando la competitividad de la economía española. La inflación aportó un extra de recaudación de 13.500 millones en 2022 (un 1% del PIB) y de 8.800 millones en 2023 (un 0,6% del PIB), por lo que la caída del IPC desde el 8,4% de 2022 al 3,5% de 2023 ha reducido en alrededor de un tercio las ganancias recaudatorias (4.700 millones aproximadamente).

Los empresarios temen que será muy difícil impedir esta deriva fiscal confiscatoria teniendo en cuenta que, como agujero principal, el gasto en pensiones aumentó un 6,2% en abril con respecto al mismo mes del año anterior y pulverizó todos los récords al alcanzar los 12.710,8 millones, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio de 2023 los 12.000 millones de euros y este mes vuelve a marcar un nuevo récord tras la subida de las pensiones contributivas en un 3,8% para este año 2024.