Las eléctricas europeas critican las medidas «miopes» de Sánchez para frenar el alza de la luz
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La promesa de Sánchez de pagar lo que en 2018 se aleja: la luz apunta a una subida del 35% en octubre
Nuevo varapalo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los consejeros delegados de algunas grandes empresas europeas de servicios públicos, como Enel, Orsted, Vattenfall y EDP, reclaman evitar intervenciones drásticas en el mercado con vistas a atajar el alza de los precios de la electricidad, como el impuesto a las ganancias extraordinarias aprobado en España, según una carta que será enviada a los gobiernos de la UE esta semana.
En la misiva a la que ha tenido acceso ‘Financial Times’, más de 15 consejeros delegados de utilities de la UE advierten a los estados miembros contra la adopción de «medidas políticas miopes» -como las que ha aplicado el Gobierno de Pedro Sánchez- que corren el riesgo de socavar la confianza del mercado internacional y descarrilar la transición verde.
Aproximadamente 20 gobiernos de la Unión Europea (UE) han anunciado planes de emergencia para proteger a los consumidores de los crecientes costes de la energía, aunque únicamente España ha implementado un impuesto a las ganancias de las compañías eléctricas, lo que se traduce en la intervención del mercado eléctrico.
Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa estudiando nuevas medidas para hacer frente a la escalada de los precios de la energía y que se podrían aprobar este jueves para limitar el impacto en los consumidores.
Recomendaciones para España
La Comisión Europea publicará este miércoles una ‘caja de herramientas’ con medidas para abordar los altos precios de la energía, que incluirá acciones temporales como recortar impuestos, brindar apoyo a los ingresos de los hogares más pobres y aumentar la capacidad de energía renovable.
A este respecto, Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric, responsable de organizar la carta, dijo que Bruselas debería dejar en claro que el impuesto español contraviene la ley de la Unión Europea (UE). «Si todos los estados miembros -toman medidas- como España, no hay duda de que ralentizará o incluso descarrilará la transición energética», señaló.
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