Las eléctricas critican las medidas del Gobierno para bajar la luz y advierten de sus consecuencias

Las eléctricas advierten de que las medidas adoptadas por el Gobierno para contener los precios perjudican a las empresas y además advierten de que no están alineadas con las directrices europeas, según explican fuentes de este sector. También consideran que las medidas ponen en riesgo la reducción de la dependencia energética y la economía del país, favoreciendo a los combustibles fósiles (petróleo y gas), a los que consideran causantes reales del problema de los altos precios energéticos.

Las eléctricas señalan que las disposiciones del Gobierno no están alineadas con la principal directriz de la Comisión Europea (CE) ante la crisis energética: acelerar la transición energética para reducir la dependencia energética de proveedores exteriores.

También creen que perjudican al sector eléctrico y a sus empresas, mientras que «ni se cuestionan ni se alteran los intereses y beneficios» de los causantes de la subida de precios (los combustibles fósiles, como el gas o el petróleo).

Consideran que establecer para las tecnologías no emisoras (nuclear, hidráulica o renovables) un precio tope de venta al cliente final y un margen regulado supone una distorsión para la actividad de comercialización minorista.

En este sentido, recuerdan que el precedente que ha habido en el Reino Unido, donde se introdujo un tope al precio de la electricidad, ha llevado a la quiebra a centenares de compañías.

Además, dicen que capar el margen de comercialización aboca a los consumidores a ir a las tarifas reguladas, que, en el caso de España, en la parte del componente de energía se vinculan a los precios del mercado mayorista diario, que se han disparado por el alza del gas.

En España, para acceder al bono social (descuento en la factura de la luz para los consumidores considerados vulnerables) hay que tener el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), conocido popularmente como tarifa regulada.

Beneficios caídos del cielo

El Gobierno ha establecido que a partir de ahora las empresas que renueven o suscriban contratos nuevos de electricidad por encima de los 67 (€/MWh) estarán sometidas a la minoración de un 90% de los beneficios extraordinarios obtenidos con la subida provocada por el gas en el precio mayorista de la electricidad.

Además, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el anterior sistema del bono social y dijo que ese descuento debe ser financiado por todas las empresas del sector eléctrico y no sólo por las comercializadoras de referencia, el Gobierno ha establecido que todos los agentes que participan en la cadena de suministro de electricidad deberán costearlo.

Es decir, que también tendrán que contribuir en el reparto de la financiación productores, las empresas de transporte de electricidad, de distribución y los consumidores directos en el mercado eléctrico. Las citadas fuentes defienden que el bono social debería financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado.