Economía

Dos municipios de Burgos y Cantabria piden a Sánchez la extinción de dos permisos de fracking

Dos municipios de Burgos y Cantabria ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez la extinción de dos permisos para utilizar «fracking» -la inyección de agua con productos químicos a gran profundidad para extraer gas o petróleo- que están actualmente en suspenso pero no descartados.

Se trata de los municipios de Valle de Zamanzas (Burgos) y Valle de Valderredible (Cantabria) que están entre los afectados por los permisos de «fracking» de Bezana y Bigüenzo, que proyectan pozos que afectarían sobre todo a Cantabria, pero también al norte de Burgos y Palencia, ha explicado a Efe el alcalde de Zamanzas, Juan José Asensio.

El alcalde ha recordado que casi todas las solicitudes de permisos para utilizar el «fracking» en la zona norte de España han sido retirados por las empresas por su dudosa rentabilidad, al ser procesos muy caros y estar en un momento de bajo precio del petróleo.

Sin embargo, los dos permisos cuya extinción solicitan fueron presentados por la empresa Petroleum Gas&Oil España, la misma que explotaba hasta el año pasado los pozos de petróleo de la Lora, y aunque en teoría caducaban en enero de 2017 ese detalle no se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado.

«Nos consta que la empresa sigue realizando preparativos porque cree que acabará recibiendo el visto bueno para la fase inicial de investigación, pendiente solo de la aprobación del estudio de impacto ambiental, que depende del Gobierno central, al afectar a dos autonomías», ha asegurado Asensio.

De hecho, el Gobierno aprobó una orden el 22 de marzo de este año por la que se reconoce que los permisos, que se concedieron en 2009, están «suspendidos por causas no imputables al titular», al estar pendientes del preceptivo Estudio de Impacto Ambiental.

Asensio ha expresado su confianza en «la sensibilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez para que anule definitivamente los permisos, dado que el PSOE se ha venido oponiendo al uso del «fracking» en España por el riesgo de contaminación que supone.