Díaz insiste en subir el SMI un 8,5% pese a que superaría el 60% del sueldo medio en 30 provincias

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está a la espera de concreción, pero en la recta final del año, la cifra que baraja el Ministerio de Trabajo, es un alza similar a la que ya ha acometido el Ejecutivo en las pensiones o en el salario de los trabajadores públicos: un 8,5%. Esta cifra toma como base el IPC medio anual -la media entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022- lo que elevaría el SMI hasta los 1.085 euros, una cantidad que supera el 60% del salario medio en más de una treintena de provincias.

Únicamente en 18 provincias el salario mínimo no superará el 60% del sueldo bruto mensual: en Cantabria, Soria y Castellón un SMI de 1.085 euros supondrá más de un 59%, mientras que en el caso de La Coruña, Valladolid, La Rioja y Guadalajara superará el 58% del salario medio. En Asturias, Burgos, Baleares, Zaragoza y Tarragona el peso relativo del SMI tras aplicar una subida del 8,5% oscilará entre el 50% y el 57%, mientras que en Madrid y Navarra supondrá exactamente la mitad del salario medio. Sólo en las tres provincias del País Vasco un SMI de 1.085 euros representaría menos de la mitad del sueldo bruto mensual.

Desde que el Gobierno de coalición llego la Moncloa, el SMI ha subido un 40%, pasando de los 735 euros en los se situaba en 2019 a los 1.000 actuales. Ese año, Sánchez impuso una subida del 22,3% hasta los 900 euros como primer paso de la actual senda de subidas. A este aumento le siguió otro de 50 euros en enero de 2020 para, posteriormente, alcanzar los 965 euros en septiembre de 2021. En enero de 2022, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz acordó con los sindicatos -sin el apoyo de la patronal- otra subida con la que el salario mínimo alcanzó los 1.000 euros actuales.

Durante este año, Díaz contrató a un comité de expertos para analizar la subida que acometerá en 2023. Un elemento determinante para esta alza es el IPC, que ha alcanzado una media anual del 8,5%, lo que explicaría que el salario mínimo alcanzase los 1.085 euros. Sin embargo, los sindicatos piden un aumento un poco más ambicioso, con el que el salario mínimo alcanzase los 1.100 euros el próximo año.

La subida del SMI no ha estado exenta de polémica. En 2021, Nadia Calviño se opuso a una subida más agresiva del SMI, haciendo referencia a la difícil situación económica que atravesaba el país tras las restricciones y cierres derivados del Covid-19. Más adelante, para la subida a los 1.000 euros, Díaz no contó con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que pedía no añadir más presión a las empresas con el aumento de los costes laborales que supone el alza del SMI.

Y ahora, para la subida del próximo año, Yolanda Díaz se ha visto obligada a ocultar un informe de sus propios expertos que dejan latente la perdida de empleo que supone. Y es que, ni siquiera los informes encargados por la propia Yolanda Díaz pueden blanquear los efectos negativos que la subida del SMI tiene en el mercado laboral. Por este motivo, la titular de Trabajo ha querido ocultar esta «crítica» a una de sus medidas estrella, primero, ocultándosela a las formaciones políticas y a las instituciones económicas que se lo solicitaban y, después, sepultándolo entre otros informes más favorables. Todo con un único objetivo: esconder que el alza del SMI impidió la creación de 28.800 puestos de trabajo.

El Instituto Ostrom, un think tank liberal con sede en Barcelona, reclamó al Ministerio de Trabajo y Economía Social la publicación de dicho estudio, amparándose en la Ley de Transparencia. Asimismo, otras formaciones políticas como Ciudadanos también solicitaron al Congreso la publicación de dicho informe. Tras múltiples excusas por parte del ministerio de Yolanda Díaz y del Gobierno, el Instituto Ostrom interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia, que, el pasado 23 de septiembre, resolvió a favor del think tank instando a Yolanda Díaz a publicar el trabajo en un plazo de diez días. Sin embargo, el Ejecutivo socialista se saltó la fecha límite impuesta por el organismo y no hizo público el informe.

El análisis que Díaz ha intentado sepultar entre otros informes, asegura que, si no hubiera subido el salario mínimo, se habrían creado 28.800 puestos de trabajo más de los que se crearon. Según ese texto, el efecto negativo fue aumentando gradualmente con el paso del tiempo. «En un año, los mayores de 30 años pierden más empleo, hasta 3 puntos porcentuales más, y los menores de 30 años trabajan menos horas, hasta 1,31% menos» reza el texto.