La diarrea legislativa amenaza la competitividad: las nuevas normas ocupan un millón de páginas

El Estado y las comunidades autónomas españolas están elevando su producción normativa hasta límites insospechados. Año tras año aumentan las leyes y crece la máquina burocrática, lo que amenaza la competitividad de la economía española. Sólo en 2015, las nuevas normas publicadas en los boletines oficiales sumaron casi un millón de paginas, según datos recopilados por la patronal CEOE a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, el pasado año se aprobaron 884 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que representa un aumento del 25,2% respecto al ejercicio anterior; mientras que en el ámbito autonómico ascendieron las nuevas leyes ascendieron a 304, es decir, un 29,9% más que en 2014. Estas normas ocuparon un total de 961.291 páginas. El gobierno regional que más regulaciones nuevas ha aprobado en el último año es Cataluña, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

La maraña burocrática es un problema para la competitividad española, según señala la Asociación Nacional de Grandes Distribuidores (Anged), que califica la elevada regulación como el “talón de Aquiles” de la economía nacional. Uno de los organismos de referencia en este materia, el IMD World Competitiveness Center acaba de lanzar su nuevo ranking sobre las economías más dinámicas y, aunque España gana tres posiciones respecto al año anterior, situándose en el puesto número 34, en el apartado de “calidad de Gobierno” España cae seis posiciones, hasta el 49.

Los investigadores del IMD señalan que uno de los principales “desafíos” de España es “reducir el exceso de regulación”. De hecho, en capítulos como el marco institucional, la política fiscal o la facilidad para hacer negocios “España sale comparativamente mal posicionada”, tal como recuerda Anged.

Este diagnóstico coincide con el realizado por la consultora EY en su último informe sobre perspectivas empresariales, que indica que esta diarrea legislativa supone un cuello de botella que frena la inversión. El informe de EY indica que el exceso de regulación, los cambios permanentes, la falta de eficiencia y agilidad en los procedimientos administrativos o la inseguridad jurídica suponen una preocupación para el 60% de las empresas.

La fiscalidad es otra de las materias que protagonizan esta expansión normativa. En su estudio sobre el panorama tributario autonómico y foral, el REAF destaca que los gobiernos regionales cuentan con 79 impuestos propios y varios más en proyecto. Y no se trata sólo de un problema cuantitativo, sino cualitativo, ya que a la profusión normativa se une la “descoordinación y la disparidad de criterios a la hora de legislar”.

Incluso la Comisión Europea, que es una de las maquinarias burocráticas por excelencia, ha criticado a España por fomentar la fragmentación del mercado nacional mediante la citada profusión de normativas autonómicas. Las autoridades comunitarias ponen el acento en la necesidad de preservar la unidad de mercado para que las empresas puedan adoptar sus decisiones de inversión sin trabas innecesarias que, lejos de garantizar la seguridad jurídica, la cercenan sin permitir a las compañías “sacar provecho de las economías de escala”, en palabras de la propia Comisión.