Los regularizados de Sánchez recibirán un 163% más en pensiones de lo que habrán cotizado

La regularización extraordinaria de inmigrantes permite al Gobierno engordar de forma inmediata las cifras de afiliación a la Seguridad Social, pero deja para las próximas décadas una factura que apenas aparece en las estadísticas actuales. Los nuevos trabajadores empiezan hoy a pagar cotizaciones, pero también comienzan a generar derechos que el sistema tendrá que afrontar cuando alcancen la jubilación.

Y ahí aparece el problema. Buena parte de los regularizados se incorporó a sectores caracterizados por salarios bajos y, por tanto, por bases de cotización reducidas. Si uno de estos trabajadores desarrolla una carrera laboral de apenas 15 años alrededor del salario mínimo, podría llegar a recibir durante su jubilación un 163% más de lo que previamente ingresó al sistema en contingencias comunes y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

La diferencia es considerable: alrededor de 75.000 euros aportados durante 15 años de trabajo frente a casi 197.000 euros percibidos si posteriormente cobra durante otros 15 años la pensión mínima. Por cada euro ingresado en esos conceptos durante su carrera laboral, podría recibir unos 2,63 euros durante su jubilación.

La regularización tiene así dos tiempos completamente distintos para las cuentas públicas. El beneficio estadístico es inmediato: más trabajadores, más afiliados y más cotizantes. La factura derivada de los derechos que generan esas cotizaciones tardará décadas en aparecer.

A 30 de junio, 159.097 inmigrantes ya estaban afiliados a la Seguridad Social como consecuencia directa del proceso extraordinario de regularización, según el Ministerio de Inclusión. El 83,4% se incorporó al Régimen General y el 77,3% tenía un contrato indefinido.

Esto respecto a los que lograron un empleo o afloraron uno en el que trabajaban de manera irregular. El 70% de los regularizados se ha inscrito directamente en el paro, lo que generará también otra serie de derechos para lograr prestaciones, aunque no hayan contribuido.

Pero el tipo de empleo importa tanto como el número de trabajadores. La hostelería absorbió 38.776 regularizados; el comercio, 20.195; las actividades administrativas, 19.327; y la construcción, otros 18.310. Sólo estos cuatro sectores concentraron más de 96.600 trabajadores, alrededor del 61% de todas las altas contabilizadas hasta junio.

Más afiliados, pero con salarios bajos

El Gobierno puede exhibir estas incorporaciones como un éxito del mercado laboral. Sin embargo, sumar un trabajador a la afiliación no significa necesariamente añadir un cotizante medio al sistema.

El salario mínimo interprofesional se sitúa este año en 17.094 euros brutos anuales, 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Además, el Ejecutivo modificó el IRPF para evitar que quienes cobran exactamente el SMI tengan que tributar por esos ingresos.

Es decir, un trabajador situado en ese escalón salarial puede aparecer como un nuevo afiliado y un nuevo ocupado, pero su aportación al Estado resulta muy inferior a la correspondiente a un empleo con el salario medio español.

La misma circunstancia se reproduce en la Seguridad Social. La base mínima mensual de cotización del Régimen General ronda los 1.424 euros, prácticamente el equivalente al SMI cuando se prorratean las pagas extraordinarias.

Sobre esa base se aplica un 28,3% por contingencias comunes entre empresa y trabajador, al que se añade el MEI. En conjunto, ambos conceptos representan aproximadamente 4.990 euros anuales. La aportación directa del trabajador es, en realidad, de apenas 1.000 euros.

En todo caso, y siendo generosos con el cálculo, si el trabajador permanece 15 años cotizando en torno a ese nivel salarial, habrá generado aproximadamente 74.900 euros en cotizaciones por contingencias comunes y MEI, manteniendo constantes las cantidades de 2026 para poder comparar.

De 75.000 euros a 197.000 de pensión

España permite acceder a una pensión contributiva de jubilación con un mínimo de 15 años cotizados. Con ese periodo se genera inicialmente una prestación equivalente al 50% de la base reguladora.

Una carrera laboral situada alrededor del SMI produciría, por sí sola, una pensión reducida. Sin embargo, el sistema español dispone de los denominados complementos a mínimos, que elevan determinadas pensiones cuando el beneficiario cumple los requisitos establecidos de ingresos y residencia.

En 2026, la pensión mínima de jubilación para una persona de 65 años sin cónyuge asciende a 13.106,80 euros anuales. Con cónyuge a cargo alcanza los 17.592,40 euros.

Por tanto, un trabajador que llegara a la jubilación después de una carrera corta y de bajos salarios podría terminar percibiendo una prestación superior a la que resultaría exclusivamente de aplicar su base reguladora, siempre que cumpliera las condiciones para acceder al complemento.

Si cobra la mínima actual durante 15 años, habrá recibido aproximadamente 196.600 euros en términos constantes.

Frente a los cerca de 74.900 euros ingresados previamente por contingencias comunes y MEI, la diferencia supera los 121.700 euros. La pensión acumulada resulta así un 163% superior a las cotizaciones consideradas en la simulación.

No significa que cada regularizado vaya a generar necesariamente ese desequilibrio, pero es una media basada en el tipo de contratos y las estadísticas del Ministerio de Trabajo. El resultado dependerá de su edad, años trabajados, evolución salarial, bases de cotización, situación familiar y legislación vigente cuando alcance la jubilación.

Estos cálculos, más allá de que puedan tener cierto movimiento al alza o la baja, permiten mostrar un riesgo que las cifras actuales de afiliación ocultan: no todos los nuevos cotizantes aportan lo mismo ni generan una relación idéntica entre ingresos presentes y obligaciones futuras.

La inmigración tiene actualmente una posición favorable para la Seguridad Social porque la población extranjera es más joven y, por tanto, trabaja mucho más de lo que cobra en pensiones. Precisamente por eso su incorporación ayuda hoy a las cuentas del sistema. El problema se desplaza hacia adelante.

Los cientos de miles de trabajadores que ahora entran en la Seguridad Social también envejecerán y reclamarán los derechos generados durante su etapa laboral.

La regularización permite así mejorar inmediatamente la fotografía de la afiliación mientras aplaza el coste de esa decisión. Los cotizantes llegan en 2026; buena parte de la factura llegará dentro de 15, 20 o 30 años.