Las constructoras no cotizadas piden medidas para evitar una cascada de concursos

La patronal de las constructoras medianas no cotizadas, Anci, solicita al Gobierno nuevas medidas para garantizar la liquidez de las empresa durante el parón de la actividad para evitar una cascada de concursos de acreedores. Anci estima que las medidas que propone apenas tendrían un coste para las arcas públicas de entre 600 y 1.000 millones de euros, según han explicado en una nota.

La asociación que agrupa a firmas como Aldesa, Copasa, Azvi, Lantania o Sando advierte de que, «ante el parón de actividad, o se ponen medios para que las empresas del sector puedan mantener sus flujos de caja, o se verán abocadas a protegerse mediante la solicitud de concurso de acreedores».

Según la patronal de las medianas constructoras, las medidas aprobadas hasta ahora, referentes a líneas de avales o, en el caso de los contratos de concesión, reequilibrios mediante la ampliación de la vigencia del mismo, son «insuficientes».

Respecto a las obras públicas, la patronal propone, por un lado, que se adelante el pago a las constructoras, dado que se trata de anualidades que «ya están consignadas». «Se trata de hacer uso de ese presupuesto con carácter de urgencia», apunta.

Anci apunta a la posibilidad de certificar y abonar «de forma ágil y con la menor burocracia posible» el mes de marzo de las obras y habilitar para meses siguientes la posibilidad de dar anticipos del presupuesto anual.

Para el caso de contratos de concesión, pagar el mes de marzo como si fuera un «mes normal de un año normal», ya sea en contratos de carreteras o instalaciones de agua u otro servicios.

Clientes privados

Respecto a las obras que realizan para clientes privados, su propuesta pasa por solicitar al sector bancario la prórroga de los vencimientos y obligaciones de pago al menos dos años hasta que se recupere la demanda.

En el caso de obras de viviendas o inmobiliarias con créditos a la promoción, reclamó la colaboración de los bancos ante la mayor «dificultad que tendrá el promotor para vender pisos» y dado que la entidad puede garantizar la cadena de pagos al constructor y al promotor usando la línea de avales.

Además de estas medidas que no supondrían gasto público, Anci plantea otras para casos excepcionales y que necesitarían de fondos.

Se trataría, en el caso de las obras, de regular mediante un «expediente de daños» los gastos sobrevenidos por la situación generada por la suspensión de la actividad y que se valoraría en cada obra. Se trata de gastos generales de las empresas por la prohibición de despidos, por la reducción de ingresos, por los servicios de vigilancia de las obras paradas o los costes de su reanudación.

En el caso de las concesiones, piden regular también mediante la figura de expediente de daños aquellas concesiones que generan sus propios ingresos, como pueden ser los aparcamientos, de aquellas en las que los ingresos caen a cero, con el consiguiente riesgo para su viabilidad futura.