Economistas y empresarios coinciden: al actual sistema de pensiones le quedan 10 años de vida

La última edición del Consenso Económico que realiza la firma de servicios profesionales PwC constata un hecho del que pocos quieren hablar y que es una realidad manifiesta: el actual modelo de sistema de pensiones español (basado en el mecanismo de reparto) tiene los días contados y sólo podrá prolongarse unos diez años más si no se introducen sustanciales modificaciones en el mismo.

El 63% de los panelistas consultados en el citado informe (elaborado mediante encuestas a 350 economistas y empresarios) asegura que «el actual sistema de reparto no es viable y deberá ser sustituido por otro que garantice su sostenibilidad». Los expertos, directivos y empresarios consideran de forma mayoritaria (con un 86% de la respuestas) que al actual modelo «no le quedan más de diez años de vida» y un 42,5% de ellos apuntan que podrían ser menos de cinco.

Cuando se les interroga sobre qué alternativas estiman más acertadas para garantizar la sostenibilidad del actual sistema público, los panelistas señalan, por este orden, tres grandes medidas: considerar toda la vida laboral para el cálculo de la pensión, la puesta en marcha de medidas fiscales adicionales que incentiven a la población a suscribir planes de pensiones privados como complemento de la pensión públicay retrasar la edad de jubilación, al menos, hasta los 70 años (salvo en algunos sectores, como la minería o la construcción).

En el hipotético caso de que se sustituyera al actual sistema público de reparto por otro de capitalización o mixto, el 36% de los panelistas considera que la transición debe ser obligatoria para los nuevos trabajadores mientras que los que ya estén en el sistema deben tener derecho a decidir libremente si siguen como están o se pasan al nuevo. En este sentido, un 43% cree que en España no existe una cultura financiera mínima en la población como para promover un sistema de capitalización.

Hay dos cuestiones en la que coinciden mayoritariamente los panelistas del Consenso. La primera, que si se cambia el sistema público de pensiones, el Gobierno tiene la obligación de garantizar una pensión a todos los ciudadanos, cuya cuantía variará según hayan cotizado o no. Así lo afirma el 65%. Y la segunda, que la Comisión Parlamentaria de Pacto de Toledo, que está estudiando la cuestión desde finales de 2016, alumbrará una serie de recomendaciones que permitan conseguir los recursos necesarios para resolver el déficit del sistema durante los próximos años, pero no su capacidad de financiación a largo plazo.

Finalmente, en el debate sobre viabilidad de nuestro sistema de pensiones, el 55% de los encuestados considera que la UE debería tener un papel a la hora de fijar las características que deberían cumplir todos los países de la zona euro para que exista una cierta homogeneidad territorial, pero no fijar un modelo concreto uniforme de obligada aplicación en todos los territorios.