Economía
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El consejero podemita de Enagás no apoya los sueldos del consejo pero se embolsa 229.000 € en 18 meses

Cristóbal Gallego, el experto energético que situó Podemos en el consejo de la semi pública Enagás, se ha abstenido en la votación del informe de remuneraciones de los consejeros de la gasista pero se ha embolsado ya 229.000 euros en los 18 meses que lleva sentado en el puesto de mando de la compañía.

Según este informe, que recibió el apoyo del 82% de los accionistas en la Junta celebrada hace unos días en Madrid -frente al 99% de la mayoría del resto de puntos del orden día-, Gallego «se abstuvo de votar el presente informe manifestando no tener experiencia en cuestiones retributivas en el sector privado». Es el mismo argumento que dio para no apoyar las remuneraciones en 2020. También se abstuvieron los dos consejeros de la SEPI alegando que tenía que ser el órgano de administración de esta institución el que se pronunciara.

Gallego, que entró en el consejo de Enagás en junio de 2020 en medio de una fuerte polémica, no ha apoyado los sueldos de los consejeros pero se ha embolsado ya 229.000 euros en año y medio. En 2020, por medio año, Enagás le pagó 69.000 euros entre el sueldo fijo y las dietas. En 2021, Gallego ha recibido 160.000 euros de la compañía: 100.000 euros de salario fijo, 35.000 euros en dietas, y 25.000 euros por pertenencia a las comisiones.

El experto energético designado por Podemos señaló tras su nombramiento en 2020 que donaría parte de su sueldo. De momento, y como ha publicado este diario, la donación que se conoce es a la fundación del partido, Instituto 25M para la Democracia, que dirige Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la formación. Gallego, de 40 años, donó más de 5.000 euros para uso del catedrático.

Nombramiento polémico

La entrada de Gallego ya fue polémica porque supuso tener que ampliar el consejo de Enagás de 13 a 16 personas con políticos o expertos nombrados por políticos -entraron también los ex ministros socialistas José Blanco y José Montilla-, lo que implicó inmediatamente el aumento del gasto en salarios de la empresa semi pública en 480.000 euros al año. En 2021, el conjunto de los consejeros ha cobrado 5,4 millones de euros.

Fue polémico también porque Gallego estaba ligado a una asociación, el Observatorio Crítico de la energía, que firmó artículos en contra del gas y a favor de que se dejara de utilizar, y a favor de la expropiación en Bolivia de cuatro filiales a la eléctrica española Iberdrola.

El entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó en 2012 la expropiación de cuatro filiales por, aseguró, los precios elevados que cobraba Iberdrola a las zonas rurales. El Observatorio de Gallego lo apoyó. «Creemos que el Gobierno (¡es decir, los ciudadanos, en tanto que es democrático!) está legitimado para tomar el control de dichas empresas y aplicar las medidas políticas y fiscales adecuadas para homogeneizar las tarifas. De los propios políticos que han tomado esta decisión y del control democrático que los bolivianos ejerzan sobre ellos dependerá el éxito de la acción», decía el Observatorio.