El Congreso vota esta semana el recorte a los beneficios extraordinarios de las eléctricas

El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves el decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Gobierno en 2.600 millones de euros. El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, recoge una batería de medidas dirigidas a frenar la histórica escalada de los precios energéticos en los últimos meses, a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de CO2.

Ese día, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó un precio medio de 153,43 euros/MWh, apenas unos euros por debajo del récord alcanzado un día antes. Tres semanas después, la escalada alcanzó el jueves los 288,53 euros/MWh, 135 euros más.

Para sacarlo adelante, el Gobierno no precisará de mucha negociación, toda vez que los grupos de la izquierda de la Cámara han venido reclamando desde antes actuar contra la sobrerretribución que reciben las centrales de generación, con menores costes operativos y que, sin embargo, venden su electricidad acorde a la escalada del precio del gas y los derechos de emisión.

Así, a los 155 votos que suman PSOE y Podemos, el Gobierno puede sumar, por lo menos, los votos de Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), Más-País Equo (2), la CUP (2), Compromís (1), BNG (1) y Nueva Canarias (1). Un total por encima de la mayoría absoluta, sin descartar todavía el apoyo de Junts, el PRC o Teruel Existe. En total, una mayoría que previsiblemente superaría los 180 votos, frente al rechazo del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). Desde el PNV (6), socio prioritario del Gobierno, prefieren no adelantar posición al respecto, al igual que en el PDeCAT (4).

Unos apoyos que, por otra parte, el Gobierno espera consolidar en otras dos votaciones del Congreso del mismo jueves. Y es que, además del debate de convalidación del citado decreto ley, el Congreso celebra el debate de totalidad de otra de las reformas del Ejecutivo, otro recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas.

En este caso, el generado por los derechos de emisión de CO2 no emitidos, y cuyo coste no asumido repercute en sus precios centrales como las nucleares o las hidroeléctricas. Se trata de un proyecto de ley aún no en vigor que el Gobierno impulsó a principios de año y que llegó a la Cámara el pasado verano. Este jueves se enfrenta a su primeras votaciones, ya que el PP y Vox buscan tumbarlo con sendas enmiendas a la totalidad.

Los ‘populares’ proponen un texto alternativo para dar la vuelta a la reforma y ‘colar’, en caso de que prospere, su batería de medidas para abaratar la factura de la luz, como el traspaso a los Presupuestos los costes fijos de la factura, la suspensión definitiva del impuesto a la generación, la rebaja permanente del IVA y el aumento de los ingresos en el sistema eléctrico por la mayor recaudación de los derechos de CO2.

Por otro lado, Vox plantea al Congreso directamente la devolución del proyecto, por lo que en caso de prosperar su enmienda la iniciativa finalizaría su tramitación. Esta formación lo considera una «confiscación» de beneficios por parte del Gobierno y esgrime que la medida empujaría a un «cese anticipado» de la actividad en el caso de las nucleares y «a la quiebra» a muchas de las centrales hidroeléctricas.

Esta semana, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto la puerta a introducir modificaciones en las medidas adoptadas hasta ahora, en línea con las que espera que plantee la Comisión Europea para enfrentar la escalada en el precio de la electricidad, ya que apuesta por «una solución de ámbito europeo».

En una entrevista con ‘Reuters’, señaló que, en caso de que la Unión Europea plantee medidas, está dispuesta a adoptarlas y descartar las medidas adoptadas en el ámbito nacional. Es más, hace apenas unos días España ha firmado una declaración junto con Francia, Grecia, Rumanía y República Checa en la que reclaman una respuesta europea que contemple, entre otras medidas, la reforma del mercado mayorista.