La Comisión Europea movilizará un billón de euros en inversiones verdes

La Unión Europea quiere convertirse en el primer continente neutro en emisiones de C02 en 2050. Con ese objetivo, la Comisión Europea (CE) ha presentado una estrategia que aspira a movilizar un billón de euros en inversiones en los próximo diez años.

Una parte fundamental del plan presentado esta semana es el Mecanismo de Transición Justa que invertiría 100.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para ayudar a aquellas regiones que por su tradición industrial o energética tengan más dificultades para la transición ecológica, como Castilla y León, Aragón o Asturias.

Bautizada como Plan Europeo de Inversiones Sostenibles, la estrategia constituye el pilar financiero del Pacto Verde, la iniciativa estrella de la CE que preside Ursula von der Leyen que, además de la neutralidad climática, plantea endurecer los objetivos de reducción de emisiones de carbono para 2030.

Según Bruselas, cumplir las metas actuales requerirá al menos 260.000 millones de euros adicionales al año. El objetivo del Plan de Inversiones es que el sector público lidere la financiación de la transición ecológica, pero que el privado termine aportando el grueso de los fondos.

«Estamos enviando una señal clara a las autoridades públicas, empresas e inversores: tenemos que pensar ‘verde’ cuando invertimos», dijo el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis, al presentar la iniciativa en la Eurocámara.

De acuerdo con el plan, unos 500.000 millones de las inversiones saldrían del presupuesto comunitario, mientras que InvestEU -sucesor del llamado Plan Juncker de inversiones- movilizaría unos 279.000 millones en apoyo a proyectos ecológicos, sobre todo del sector privado.

Otros 114.000 millones vendrían de fondos de los países, que tendrán que cofinanciar ciertas iniciativas, y 100.000 del Mecanismo de Transición Justa destinado a las regiones peor posicionadas, según los cálculos de Bruselas.

Los países del Este, más dependientes de los combustibles fósiles y más reacios a la ambición verde de Bruselas, venían reclamando ayudas para llevar a cabo una transición que tendrá un importante impacto sociolaboral.

La promesa de este Mecanismo allanó el camino para que Hungría y República Checa aceptasen la neutralidad climática en 2050 y su puesta en marcha podría acabar de vencer las reticencias de Polonia, único país que no suscribió ese compromiso.

La CE plantea en concreto un Fondo de Transición dotado con 7.500 millones del presupuesto comunitario, a los que se sumarían una parte de los fondos de cohesión -estructurales y sociales- que reciba cada país y aportaciones de los presupuestos estatales.

En función de las contribuciones nacionales, el Fondo podría movilizar entre 30.000 y 50.000 millones en siete años en forma de subvenciones.

El Mecanismo de Transición Justa se completaría con el apoyo del programa InvestEU para movilizar unos 45.000 millones sobre todo en inversiones privadas y una facilidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar el apoyo público, a razón de entre 25.000 y 30.000 millones.

Para beneficiarse de estos fondos los países tendrán que presentar planes territoriales de transición para las regiones en cuestión, que deberán recibir el visto bueno de la Comisión.

Las ayudas podrán utilizarse para la reconversión económica de las regiones, la recualificación de los trabajadores, la adaptación de instalaciones para nuevas actividades o la incorporación de energías limpias.

A la hora de atribuir el dinero del Fondo de Transición entre los países -cuestión que se prevé espinosa- se tendrán en cuenta a las regiones que tengan industrias intensivas en emisiones y actividades de extracción o producción de carbón, petróleo de esquisto o turba, y en particular su tasa de paro. También influirá el nivel de riqueza de cada Estado.

España apoya la iniciativa de Bruselas, pero ha advertido de que no puede servir solo para ayudar a los rezagados de la transición, penalizando a los que sí han hecho los deberes.

Las cifras propuestas por la CE deben todavía recibir el visto bueno de los países dentro de la negociación del presupuesto comunitario 2021-2027. Fuentes comunitarias advierten de que aplicar «recortes importantes pondría en peligro» el Plan y «no son aceptables».