Torra fomenta la ocupación de viviendas y el Colegio de la Abogacía de Barcelona se rebela
La ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda de Cataluña sigue recibiendo críticas. Esta vez, están firmadas por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), que lamenta tanto la forma -tramitada como un Decreto Ley- como parte del contenido -alterando en menos de dos meses algunos aspectos sobre la ocupación ilegal-.
“Es inconcebible que se apruebe el Decreto Ley 17/2019 y que luego, a través de otro Decreto Ley, el 1/2020, se modifique parcialmente la norma anterior esencialmente a lo que afecta a la ocupación ilegal en contra de la voluntad del propietario», denuncian desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona.
El cambio atañe a la definición de vivienda vacía. Ahora, la Generalitat considera que una vivienda está vacía si ha estado desocupada más de dos años sin causa justificada. Además, añade que la ocupación sin título legítimo no impide que una vivienda se considere vacía. El Decreto Ley 17/2019 de 23 de diciembre de 2019 incluía una excepción: si el propietario acreditaba el inicio de acciones judiciales para recuperar la posesión de su vivienda ocupada.
Sin embargo, la reciente reforma de la Generalitat ha eliminado ese punto. Dicho de otra manera, se fomenta la ocupación en detrimento de los propietarios.“El cambio es un retroceso en la lucha contra la ocupación ilegal en contra de la voluntad del propietario. Además, produce un efecto llamada», denuncian desde ICAB.
Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) también critican la forma en la que la Generalitat ha sacado adelante sus últimas medidas inmobiliarias. “La materia no requería especial urgencia y necesidad para legislarse a través del Decreto Ley, lo deseable hubiera sido que se legislara a través de un proyecto de Ley que permitiera el debate», ha dicho Jesús Sánchez, secretario del ICAB.
Parálisis del mercado
Sobre los efectos que producirán las últimas medidas inmobiliarias puestas en marcha en Cataluña, desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona están convencidos de que hay “muchas posibilidades” de que el mercado inmobiliario se vaya a paralizar .“Los inversores están preocupados por estas normativas. Estas iniciativas no favorecen la inversión», ha dicho Jesús Sanchez, secretario del ICAB y presidente de la Comisión de Normativa.
Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona consideran que las administraciones públicas son las encargadas de desarrollar y favorecer las viviendas sociales, no los propietarios de viviendas.
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