El chicharro Urbas: quiebra y salida del presidente por su posible responsabilidad penal
El chicharro por excelencia de la Bolsa española, la inmobiliaria Urbas, está a punto de protagonizar la mayor quiebra (concurso de acreedores) de 2025 con un pasivo de más de 330 millones al que no puede hacer frente tras sufrir pérdidas de 137 millones en 2024. Y además, su presidente, Juan Antonio Acedo, va a abandonar el cargo empujado por el resto del consejo, que teme tener que asumir responsabilidades penales.
Es bastante increíble que 17 años después del estallido de la burbuja inmobiliaria y 12 después de las catastróficas quiebras de Reyal Urbis y Nozar (los paradigmas de la locura del ladrillo), otra inmobiliaria esté de nuevo a la tercera pregunta. Y más con la efervescencia actual del mercado inmobiliario y la escalada actual del precio de la vivienda. Dicho al revés: hay que ser muy inútil para quebrar en estas circunstancias tan favorables.
Pues el citado Acedo lo ha conseguido. Por supuesto, echando la culpa a todo el mundo -y hasta al empedrado- menos a él mismo. «El Consejo de Administración de URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. se ha visto obligado a acordar la solicitud de la declaración de concurso voluntario de acreedores de la Sociedad, con carácter preventivo», decía en septiembre.
La historia se repite
¿Y por qué se ha visto obligado? Pues porque presentó un plan de reestructuración avalado por Álvarez & Marsal (los que diseñaron Sareb y después reconocieron que «queríamos hacer un portaaviones y nos ha salido un botijo»). Pero la consultora FTI, nombrada por el juzgado, se negó a emitir el ‘certificado de mayorías’ preceptivo para estos procesos porque «no había por donde coger» el citado plan, según fuentes al tanto de la situación. Y esta semana, la CNMV ha abierto el plazo para seleccionar su administrador concursal.
En realidad, la historia de Urbas la hemos visto miles de veces antes. Una empresa que cree que sabe hacer de todo y se pone a comprar negocios alejados de su actividad por precios estratosféricos -los vendedores se aprovechan de su desconocimiento- a base de deuda. Y claro, cuando esos negocios no dan los fantásticos ingresos que esperaban, no puede devolver los créditos.
En el caso de Urbas, llegó a comprarse cosas tan disparatadas como una cantera de mármol en Mula (Murcia) por 7,5 millones y varias concesiones de feldespato en Lugo. O el 90% de Fortia Healthcare, dedicada a residencias de mayores, centros de día y viviendas tuteladas. También se embarcó en una carrera alocada de adquisiciones de cosas más relacionadas con su teórico negocio -Construcciones Muria, Joca Ingeniería- y, en un intento desesperado, entró en Ecisa, controlada por un jeque qatarí, con la vana esperanza de entrar en el mercado constructor del Golfo.
Irregularidades a tutiplén
Todos estos desastres se han visto aderezados, como es habitual en los señores del ladrillo españoles, con numerosas irregularidades, una contabilidad opaca y más que sospechosa, y numerosos indicios de delito. Como adelantó OKDIARIO, ha tenido que contratar a Deloitte para buscar 1,6 millones de acciones propias que ha perdido misteriosamente después de usarlas como garantía para un préstamo a una filial de Urbas, Guadahermosa Activos.
Otro ejemplo: Urbas solicitó una hipoteca a una sociedad de Acedo, Germux Invest, garantizada por una finca en San Martín de la Vega (Madrid) que la empresa valoró en 3 millones, pero cuyo precio real se sitúa entre 15.000 y 50.000 euros según dos tasaciones independientes, tal como informó Economía Digital. Y encima, esta hipoteca sirvió a Acedo para situarse como acreedor con privilegio especial, para cobrar el primero en caso de concurso. Y dos huevos duros.
Obviamente, FTI no podía dar su visto bueno a estos chanchullos ni a esta relación de acreedores, lo que ha abocado al concurso de Urbas. Por supuesto, Acedo considera que esta consultora actúa al servicio del fondo Roundshield Partners, que ha adquirido 189 millones de deuda de Urbas a diferentes acreedores y ha reclamado su pago en un juzgado de Londres. El fondo solicitó al juzgado mercantil número 2 de Madrid el nombramiento de FTI como experto independiente, pero fue su titular, el juez Andrés Sánchez Magro, quien lo aceptó.
Salida de Acedo
Ante esta dramática situación, Acedo ha anunciado que dejará la presidencia antes de fin de año «para no interferir» en el concurso de acreedores. La realidad es bien distinta: los otros consejeros le han pedido que se aparte porque temen que estos enjuagues sean constitutivos de delito y les salpiquen. Recuerden, los consejeros tienen responsabilidad penal de los delitos que comete la empresa y responden con su patrimonio.
Veremos si finalmente es así. Lo que parece inevitable es que Urbas acabe en liquidación y que los acreedores -entre ellos los principales bancos españoles- se queden con la empresa, como pasó con la siderúrgica Celsa. Y que, consecuentemente, los accionistas que confiaron en el proyecto pierdan todo su dinero. A buen seguro, serán bastante proclives a llevar a Acedo a los tribunales.
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