Cepsa pagará 325 millones de euros por el impuestazo de Sánchez a las energéticas

Cepsa pagará unos 325 millones de euros durante este año en concepto del impuesto temporal y extraordinario sobre la actividad no regulada de las grandes energéticas en España, que se aplica en función de los ingresos de 2022, según ha informado este viernes con motivo de la presentación de sus resultados. El pasado ejercicio, la contribución fiscal total de Cepsa alcanzó los 6.654 millones de euros, récord histórico en la historia de la compañía, de los que el 71%, es decir, 4.721 millones, fueron impuestos pagados en España.

La energética española obtuvo un beneficio neto de 1.100 millones de euros en 2022, un 66% más, un resultado que atribuye a la recuperación de la demanda y las restricciones de oferta en el mercado, debido en parte a la invasión de Ucrania, lo que se tradujo en una subida de los precios del crudo y el gas natural. Por lo pronto no ha trascendido si ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra esta medida, como sí lo han hecho la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Iberdrola y Endesa.

Además, el pasado 17 de febrero, la Audiencia Nacional rechazó suspender cautelarmente la orden que implanta los modelos de declaración de ingreso y pago de este gravamen temporal, denegando así la petición de Repsol de aplicar medidas cautelares.

De acuerdo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el primer pago del gravamen energético, cuyo plazo concluyó el 20 de febrero, y que será complementado en septiembre, recaudó en total 817,4 millones de euros. El impuesto afectará a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.

La prestación patrimonial -coloquialmente llamada impuesto- gravará durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas con un tipo del 1,2%, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España. A tenor de las primeras estimaciones, el Gobierno esperaba ingresar unos 2.000 millones de euros anuales con este gravamen; sin embargo, esta cifra se vería rebajada por las exenciones introducidas en la tramitación parlamentaria.