CEOE promueve un recurso en el Constitucional contra el hachazo fiscal de Sánchez a la propiedad

Los empresarios se rebelan contra las subidas de impuestos del Ejecutivo. Concretamente, contra el hachazo fiscal contra la propiedad y los patrimonios.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto al líder de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, se reunirán este miércoles, 10 de febrero, con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para «instarle a que interponga un recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio, del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo».

Según ha informado la patronal en un comunicado, «en dicha reunión, se hará entrega de un escrito al Defensor del Pueblo que ha sido suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE y avalado por la Junta Directiva de la Confederación».

Los empresarios vienen reclamando desde hace meses «un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para las empresas españolas y para las familias» pero se oponen, por activa y por pasiva, por las decisiones unilaterales que se han adoptado en el Consejo de Ministros.

CEOE dice que su misión es «lograr que el sistema impositivo sea una palanca para la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generación de mayores ingresos públicos».

Entorno de tipos de interés 0 o negativos

Sin embargo, la patronal alerta de que «lejos de este enfoque, en el actual entorno de tipos de interés 0 o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis del COVID-19, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio –tributo que además no existe en ningún otro país de la UE- del 3,5% es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional».

Los empresarios avisan que, según la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un impuesto es confiscatorio cuando se «somete a tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible». «Es decir, hace falta liquidar la riqueza para pagar el impuesto», remachan.

En efecto, en muchos casos, tal y como está concebido el impuesto del Gobierno de Sánchez e Iglesias, el contribuyente «tendrá que liquidar su patrimonio –incluso a un valor de mercado inferior al tasado a efectos tributarios- para poder pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el artículo de la Ley de PGE que se pretende recurrir».

«En el momento actual, el rendimiento que generará un patrimonio sujeto está razonablemente por debajo del tipo impositivo, debiendo añadirse, además, que cualquier rendimiento de este patrimonio ya habrá tributado previamente por IRPF», apunta CEOE.

Petición de amparo

Por ello, los empresarios tienen claro que «en este caso existe un supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico».

Esta es la razón por lo que las organizaciones empresariales de toda España pedirán «amparo del Defensor del Pueblo en el marco de las actuaciones que tiene esta importante figura como encargado de defender nuestros derechos, velando, en este caso en particular, por la justicia del sistema tributario».