La CEOE clama contra las «miles de normas que impone el Gobierno que ahogan la vida de las empresas»

La patronal de empresarios CEOE ya no oculta su creciente descontento con el Gobierno. Acaba de elaborar un informe denunciando la ocupación masiva del Boletín Oficial del Estado (BOE) con la publicación de miles de normas que ahogan la vida de las compañías -complicando al mismo tiempo la actividad de los ciudadanos-, y muestra abiertamente su rechazo con la decisión del Ejecutivo de Sánchez de haber renunciado a la presentación de unos presupuestos del Estado para este año crucial -tras el restablecimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea-. En su opinión, «dimitir de la obligación de emprender las numerosas reformas estructurales que necesita la economía española para aumentar su potencial de crecimiento y crear empleo estable -ahora completamente distorsionado por la figura de los fijos discontinuos- constituye una grave irresponsabilidad», según fuentes de la institución consultadas por OKDIARIO.

«La no presentación de los presupuestos transmite una sensación de debilidad y de estar al albur de movimientos políticos tácticos, le obliga a buscar atajos para superar la ausencia del principal documento anual de política económica e impide que afronte las numerosas reformas de calado pendientes», opinan los citados medios. A juicio de la CEOE, hay reformas ineludibles que afectan de lleno al sector público, como la tributaria, la del sistema de financiación autonómica, las que atañen a la Administración y el empleo público, así como las que deberían simplificar la burocracia.

Pero en lugar de convertir esta estrategia en prioritaria, el Gobierno continúa invadiendo el BOE con miles de normas que multiplican los obstáculos para el normal desarrollo de la actividad económica así como la vida ordinaria de los empresarios y las compañías. Según el último estudio ‘Producción normativa en 2023’ elaborado por la patronal, el Ejecutivo aprobó el año pasado un total de 683 normas estatales, es decir, dos cada día, a pesar de que estuvo en funciones durante cinco meses. Tal hemorragia normativa supone que el ejercicio pasado fue «el sexto año con mayor producción normativa estatal de la última década, con cerca de dos novedades legislativas al día».

Según dicho informe, el número de páginas publicadas por los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó la cifra de 1.275.465 en 2023. Para poner «en perspectiva» la magnitud de esta cifra, CEOE señala que para que una persona pudiera estar complemente actualizada sobre las novedades legislativas publicadas el año pasado tendría que leer cerca de 3.494 páginas al día.

«Si pusiéramos una página encima de otra, con la burocracia publicada en España el año pasado alcanzaríamos la altura actual de la Sagrada Familia: 127 metros. Si pusiéramos cada una de las páginas publicadas por los boletines una delante de otra, recorreríamos los kilómetros que separan Madrid y Murcia (378 kilómetros). Y si usáramos esas páginas para imprimir el libro más famoso en nuestro país, ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’, podríamos imprimir hasta 850 ejemplares», apunta la patronal.

A juicio de los empresarios, esta multiplicación de normativa coincide desgraciadamente con la falta de presupuestos y su consecuencia más nociva, que será la ausencia de cualquier clase de reforma estructural de fuste. En su opinión, y pese a la inesperada mejor evolución de la economía española en el ejercicio pasado, es difícil que puedan mantenerse unas condiciones tan favorables para la evolución de la actividad. «Factores tales como la persistencia del aumento de precios y costes por encima de lo esperado, la repercusión de los mismos sobre la evolución de las condiciones principales de financiación, la incertidumbre derivada de los conflictos bélicos internacionales y su incidencia sobre las transacciones comerciales internacionales, así como la debilidad de la inversión en los últimos años, requerirían de otra programación presupuestaria que permitiera cubrir estas contingencias y generar confianza entre las familias y las empresas», añaden los citados medios.

La organización de empresarios echa en falta, por otra parte, el establecimiento de unos criterios de consolidación que garanticen, en el medio plazo, la sostenibilidad de las cuentas públicas, y demanda una reducción de la presión fiscal sobre las empresas, fomentando adicionalmente las inversiones públicas necesarias que contribuyen al aumento de la productividad y, por tanto, de la renta per cápita y del bienestar de la sociedad. Por último, es fundamental que el necesario proceso de consolidación presupuestaria que se ha de presentar en el plan anual ante la Comisión se materialice, fundamentalmente, por el lado del gasto público. «Mejorar la eficiencia del gasto público es la vía fundamental para abordar la necesaria consolidación fiscal a medio plazo, ya que, a diferencia de las subidas impositivas, no resulta dañina para la actividad económica y la competitividad de nuestras empresas», opina la patronal.