Las CCAA perderán 5.000 millones de euros si el Congreso no aprueba los Presupuestos

Los gobiernos regionales perderán 5.000 millones de euros de ingresos si el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 no es aprobado en el Congreso una vez que concluya el periodo de enmiendas parciales. Así lo consideran los economistas de Fedea Manuel Díaz y Carmen Marín tras analizar las cuentas autonómicas del presente ejercicio.

El estudio elaborado por ambos economistas pone de manifiesto que, por primera vez en muchos años, las comunidades autónomas no han sobrevalorado su capacidad de generar caja y el único foco de incertidumbre se encuentra en los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas de cuenta y liquidación, es decir, la parte de los ingresos que entrega el Estado en concepto de impuestos (IVA, IRPF e Impuestos Especiales) y de transferencias específicas a través de los fondos (de garantía, de suficiencia global y de convergencia).

De esta forma, si el proyecto de PGE es aprobado en el Congreso los gobiernos regionales serán capaces de registrar un déficit público conjunto no superior al 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB), que es el objetivo que ha establecido el Ministerio de Hacienda y que es una décima inferior al comprometido en 2016.

Sin embargo, si el Gobierno no es capaz de sacar adelante el proyecto de ley presupuestario en el Congreso, entonces las cajas públicas regionales recibirán las entregas estatales de 2016 prorrogadas, “lo que supone 5.000 millones de euros menos que los recursos de los sistemas de financiación consignados en los PGE 2017” y, en dicho escenario “el déficit de las CCAA terminaría el ejercicio por encima del 1% del PIB”, indica el estudio elaborado por Díaz y Marín.

No obstante, en el caso de que fuera necesario mantener las cuentas públicas prorrogadas, los técnicos de Fedea recuerdan que “esto no supone que los gobiernos autonómicos pierdan recursos, ya que lo que reciban de menos por una inferior entrega en 2017 lo percibirán de más en 2019, con una mayor liquidación”.

El problema de este último escenario es que Estado y ayuntamientos se verían obligados a compensar esta desviación en el déficit con más ajustes en sus respectivas competencias, todo ello para cumplir el objetivo de déficit público del conjunto de Administraciones Públicas españolas comprometido con la Comisión Europea, que asciende al 3,1% del PIB.

Tras la última revisión del crecimiento económico de España para 2017, las autoridades comunitarias consideran que España será capaz de rebajar la brecha fiscal hasta el 3,2% del PIB, de forma que sería suficiente realizar un pequeño ajuste de 1.100 millones de euros (una décima del PIB) para cumplir la senda presupuestaria prometida a Bruselas.

Para cumplir esta previsión es vital que salgan adelante los PGE de 2017. Para ello el grupo parlamentario popular cuenta con el apoyo de Ciudadanos, del PNV (tras el acuerdo económico sobre el cupo vasco) y de Coalición Canaria.

Le falta lograr el respaldo de un diputado más para sumar los 176 votos a favor: el representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que acudió a las elecciones en coalición con el PSOE. Precisamente en el PP nadie cuenta con un posible apoyo de los socialistas, sobre todo tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido.