Caza furtiva de lujo: delincuencia organizada en una élite sin escrúpulos

El furtivismo o la caza furtiva de lujo es una práctica ilegal muy extendida entre ciertos grupos de alto nivel adquisitivo que consiste en abatir una «pieza de caza» (un animal) sin la autorización previa del propietario del coto donde esta habita. Se trata de una actividad ilícita sin un fin más que conseguir trofeos. Además, el hecho de que se considere un delito menor y el nivel económico de quienes la cometen favorece que esta actividad no deje de extenderse, y con ella la amenaza que supone para el medio ambiente en general, y para ciertas especies de la fauna en particular.

Si bien en otros tiempos la caza furtiva, aunque no era legal, podía considerarse legítima en tanto que se llevaba a cabo con el objetivo de alimentar a una o varias personas, esta práctica ha dado un giro radical.

A día de hoy, el interés de cazar ilegalmente recae en personas que disponen de gran capacidad económica, hasta el punto de que las normas no parecen un impedimento y cuyo fin no es otro que conseguir y alardear de los animales a los que quitan la vida y exponen.

Actualmente está tipificado como delito menor, algo que juega en favor de los que practican el furtivismo, a pesar de poner en peligro a un considerable número de especies tanto cinegéticas como protegidas.

Así, cada vez son más los casos de redes organizadas, dirigidas por personas con recursos económicos y contactos en las altas esferas. Suelen contar con una red de contactos financiada, haciendo de la caza furtiva organizada una fuente de ingresos para todos aquellos que colaboran en ella.

Tales prácticas generan importantes efectos medioambientales, por un lado, a las especies animales que son cazadas sin control, y por otro, a las Reservas de Caza, Ayuntamientos, Sociedades de Cazadores, y fincas de caza de gestión privada.

Todos las organizaciones mencionadas dejan de percibir importantes ingresos con la venta de los derechos de caza, lo que en muchos caso es la renta principal para su subsistencia.

La gestión de un coto y la calidad de «las piezas de caza» viene aparejada con un elevado esfuerzo y compromiso. Un activo esencial para las personas que generan riqueza en la zona y puestos de trabajo.

Por ello, aquellos que cazan ilegalmente en estos terrenos, aprovechando su poder adquisitivo y sus contactos para comprar voluntades, provocan importantes efectos negativos sobre los propietarios de cotos de caza privados, reservas, etcétera.

Un caso real de esta práctica es el de Rafael Gómez Martínez, un joven de 28 años, nieto del constructor cordobés apodado como «Sandokan». El nieto del constructor, que cuenta con un amplio historial de furtivismo, fue detenido en Córdoba el pasado 31 de enero por un delito de caza furtiva y tenencia ilícita de armas.