Los catalanes que no hayan trabajado 15 años se quedarán sin pensión

Todos aquellos ciudadanos que siempre hayan trabajado en Cataluña necesitarán al menos haber cotizado 15 años para tener derecho a una pensión en España si se produce la secesión. La normativa es clara, para poder acceder a la prestación estatal hay que cumplir con este periodo mínimo y, si no se alcanza, el trabajador afectado deberá salir del nuevo país catalán y trabajar en España para poder alcanzarlo.

Esta es una de las consecuencias que tendría la independencia unilateral que están promoviendo Artur Mas y sus socios. En el momento en el que Cataluña fuera un nuevo país, los trabajadores dejarían de cotizar para la Seguridad Social española y sólo aquellos que hubieran cotizado el plazo mínimo de 15 años podrían acceder a la pensión. A partir de la secesión se convertirían en ciudadanos extranjeros y sería el nuevo Gobierno catalán quien debería hacerse cargo de las pensiones. Para poder cobrar deberían volver a España.

En cuanto a los jubilados residentes en Cataluña que hayan cotizado fuera de la comunidad, en principio no habría ningún obstáculo para que siguieran cobrando sus pensiones, ya que el derecho lo han obtenido trabajando en España.

Según establece la normativa, el tiempo que un trabajador ha cotizado en el extranjero sólo se respeta si el país pertenece a la Unión Europea (UE). En ese caso, trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia y funcionarios están protegidos por un reglamento comunitario de coordinación, que reconoce el principio de “exportación” de las prestaciones. Esto quiere decir que el periodo mínimo de cotización se puede realizar en varios países.

Esto no ocurre cuando los trabajadores cotizan fuera de la UE, a no ser que España tenga un acuerdo bilateral con los gobiernos extranjeros, tal como ocurre con varios países latinoamericanos, así como con Suiza, EEUU, Canadá, Japón, Ucrania o Túnez, entre otros estados. Si no hay convenio  el trabajador podrá generar el derecho a percibir las prestaciones a las que, en el país de destino, den lugar las cotizaciones que haya ingresado durante su estancia. En este último caso es el país receptor el que debe hacerse cargo de los pagos.

Cataluña no tiene dinero para pagar pensiones

La Generalitat ha defendido la salud de su sistema de pensiones y asegura que tras la independencia los pensionistas catalanes cobrarán más que ahora. Sin embargo, los números son tozudos y tiran por tierra este análisis populista. Los ingresos por cotizaciones sociales (que pagan trabajadores y empresas y que suponen un 30% del coste laboral) fueron de 14.300 millones al cierre del pasado año, mientras que los gastos en pensiones (contributivas) rozaron los 20.000 millones.

Por lo tanto, los números rojos de la Seguridad Social catalana alcanzan los 5.700 millones de euros. Y este agujero existe a pesar de que las empresas están obligadas a cotizar en Cataluña, pero si se produjera la secesión muchas de ellas abandonarían en nuevo país, aumentando aún más la brecha entre gastos e ingresos y poniendo en peligro el nuevo sistema de pensiones catalán.

La única opción que tendría el Gobierno de una Cataluña independiente sería pedir dinero a los mercados para poder afrontar los pagos, es decir, emitir deuda pública. Pero esta es la solución menos viable, ya que desde hace meses los inversores no compran bonos catalanes y es el Estado quien se encarga de hacer frente a los pagos. La deuda de la comunidad autónoma roza los 67.000 millones de euros, el doble de la andaluza y superior, incluso, a la valenciana.