Calviño vende a los inversores que contará con la CEOE ante cualquier cambio en la legislación laboral

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha prometido este jueves a los inversores que el Gobierno consensuará la reforma laboral con los agentes sociales. Esto es, que si no hay acuerdo con CEOE no se derogará la legislación laboral que impulsó el PP, y que tanto inquieta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y a sus ministros, a pesar de que permitió mejorar la situación del mercado de trabajo tras la anterior crisis.

A juicio de Nadia Calviño, los cambios en el mercado de trabajo se incluirán, junto a las reformas de pensiones y del sistema fiscal, en el Plan de Inversiones y Reformas, que el Ejecutivo quiere remitir a Bruselas «tan pronto como sea posible».

El hecho de que la reforma laboral se vaya a pactar con los agentes sociales implica que se aplaza aún más la derogación de la reforma laboral del PP que lleva pidiendo con insistencia Podemos, especialmente el vicepresidente Pablo Iglesias y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha tenido que ceder ante los criterios que marcaba Moncloa, por ejemplo, en el tema del salario mínimo.

Tan caldeados están los ánimos entre los sindicatos que CCOO y UGT han anunciado este mismo miércoles que si el Gobierno no sube el salario mínimo y deroga la política económica del PP -que, por cierto, propició los actuales ERTE- organizarán movilizaciones en las calles, su única manera de presionar para influir en la política, aunque en los últimos años su capacidad de movilización ha quedado claramente en entredicho.

Según Nadia Calviño, hay que implementar reformas del mercado de trabajo y de las pensiones que «cuenten con el consenso de los agentes sociales, y que asegure la estabilidad en los próximos años». La vicepresidenta tercera detalla, concretamente, que se incluirán en el Plan de Reformas e Inversiones que remitirá «tan pronto como el proceso legal lo permita» a Bruselas, previsiblemente en marzo. El plazo límite de presentación es habitualmente abril y casi todos los Gobiernos suelen apurar el plazo hasta el último día.

La vicepresidenta tercera indica que las reformas estructurales se dirigen a incrementar el crecimiento potencial por encima del 2%, así como a reducir el desempleo estructural, aumentar la productividad y avanzar hacia un patrón de crecimiento» más inclusivo y sostenible» desde el punto de vista económico y financiero, ambiental y social. El reto es mayúsculo, ya que España ha sido el país que más riqueza ha perdido como consecuencia de la pandemia.

En su intervención en la XI edición del Foro Spain Investors Day, que ha reunido en Madrid telemáticamente y de forma presencial a 46 cotizadas y más de 200 inversores internacionales, Calviño ha apuntado que se han «mitigado» los principales riesgos económicos para el país, aunque eso «no significa que los próximos meses vayan a ser fáciles». De hecho, este mismo jueves BBVA alertaba de que el PIB iba a seguir estancado en el arranque de 2021.

Sin embargo, la ministra dice que «España se vuelve a levantar más fuerte», recordando que «el PIB ha caído en todos los países», pero que la «prioridad» es «estimular e impulsar la economía, creando nuevos puestos de trabajo». Como prioridades para el ejercicio 2021, ha citado controlar la pandemia, implementar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y terminar de implementar el Plan de Recuperación, que supone una «oportunidad» para modernizar el país, por ejemplo con la Agenda España Digital 2025, lo que en su opinión es una «buena noticia» para los inversores.

A pesar de que, siempre según Calviño, «los capitales internacionales siguen confiando en España», ha remarcado que hay que seguir reduciendo la deuda pública, que este año alcanzará en torno al 120% del PIB. Este discurso está mucho más en línea con el que tiene, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que con el de los ministros de Podemos con los que Calviño tiene que sentarse en el Consejo de Ministros. La brecha en el Ejecutivo es evidente.

Movilizaciones de los sindicatos

En otro orden de cosas, CCOO y UGT han acordado llevar a cabo movilizaciones en el mes de febrero para pedir al Gobierno de coalición que cumpla con la agenda de reformas sociolaborales comprometida, según han informado ambos sindicatos tras la reunión de sus órganos directivos.

Las Comisiones Ejecutivas de los dos sindicatos celebrarán el próximo día 19 de enero una reunión en la sede de CCOO para concretar las acciones a desarrollar en el marco de esta campaña de movilizaciones.

Los sindicatos pretenden con esta iniciativa retomar la agenda de reformas comprometidas, entre las que se encuentran el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora congelado en 950 euros mensuales pero que se ha disparado en los últimos años, la derogación de las reformas laborales, y la supresión de la reforma de pensiones de 2013.

A estos objetivos se suman la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la firma de un nuevo acuerdo de convenios con la patronal, la regulación de las plataformas digitales, la Ley de Igualdad Salarial y un plan de choque contra la siniestralidad laboral.

Para CCOO y UGT, resulta «injustificable» la negativa del Gobierno a subir el SMI y le recuerdan que se comprometió a dar cumplimiento en esta legislatura a la Carta Social Europea, que establece que esta renta mínima debe alcanzar el 60% del salario medio neto. «Y ahora sí que toca», defienden.

Los sindicatos argumentan además que también es un compromiso del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos desarrollar las recomendaciones del Pacto de Toledo y hacerlo desde el diálogo social.

«El Gobierno no cesa de lanzar propuestas a través de los medios de comunicación, sin presentarlos en dicha mesa. Y no vamos a aceptar una ampliación de 25 a 35 años del periodo de tiempo para calcular la pensión de jubilación, ni propuestas concretas para alargar la edad de jubilación», han advertido al respecto.

Insisten de nuevo en que el Ejecutivo debe «cumplir su palabra» y derogar las reformas laborales, poniendo fin a la actual «táctica dilatoria para no perturbar» a la CEOE.

«La derogación y adaptación de temas como la ultraactividad, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, regulación de las subcontratas, y la reforma del despido colectivo tienen que ser un hecho ya. En este último caso con carácter urgente porque es preciso causalizarlos para evitar una mayor destrucción de empleo en los próximos meses», avisan.