Cabify tilda de «parche» regulatorio el decreto sobre las VTC, contrario a la Justicia europea

La plataforma de alquiler de vehículos con conductor (VTC) Cabify ha lamentado este miércoles la «oportunidad perdida» por el Gobierno para impulsar la movilidad sostenible en España: la empresa critica el «parche» regulatorio aprobado ayer en el Consejo de Ministros, contrario al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno protege el taxi

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que convertirá al taxi en «servicio público» y dará nuevas herramientas a las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos para limitar las autorizaciones a las VTC y ordenar los servicios de transporte de viajeros, tal como adelantó ayer por la mañana OKDIARIO.

El Gobierno se ha basado en criterios medioambientales y de ordenación del tráfico para idear este decreto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez blinda de esta forma al sector del taxi tras la sentencia europea que tumbaba la restricción por la cual solo podía haber un vehículo VTC por cada 30 taxis. Sin embargo, el texto del TJUE aseguraba que la “viabilidad económica del taxi” no era motivo suficiente para sostener limitaciones como el 1/30, ya que atenta contra la “libertad de establecimiento”.

«En pleno proceso electoral, el Ministerio de Transportes ha desarrollado una regulación in extremis», un «parche» que la compañía entiende contraria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la unión Europea (TJUE) y que «vuelve a generar incertidumbre» en el sector, señala Cabify en su nota.

Parque móvil antiguo

Según sus datos, en España, el parque móvil tiene 13,5 años de antigüedad, y menos de un 5% de los coches tienen etiqueta ECO o Cero. Mientras, un 80% de los vehículos conectados a la plataforma de Cabify en España (taxis y VTC) cuentan con este etiquetado, y una antigüedad menor a tres años. Por ello, señalan que «parece difícil» establecer que el problema de la calidad del aire en las ciudades sea consecuencia de la actividad de los vehículos con conductor.

Las patronales miran a Bruselas

Por su parte, Feneval y Unauto-VTC, las patronales mayoritarias entre los conductores, pedirán a la Comisión Europea que abra un procedimiento contra el Gobierno de España al entender que la nueva regulación «contraviene» la última sentencia europea sobre el sector. Estas patronales opinan que las nuevas restricciones que se aplicarán a partir de ahora para obtener nuevas licencias son «discriminatorias y desproporcionadas» y que no están destinadas a proteger el interés general, sino «la viabilidad económica del sector del taxi».

«Nuevamente nos encontramos con una regulación exprés en forma de Real Decreto Ley, negociada con el sector del taxi en lugar de con los representantes del sector al que se pretende regular, sin que se nos haya consultado en ningún momento sobre el borrador que se ha llevado al Consejo de Ministros. Todo ello en plena campaña electoral, con el objetivo indisimulado de ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas», defienden desde ambas patronales.