Bruselas quiere acabar con el despilfarro y exige a Sánchez que prepare ya un plan para reducir el déficit y la deuda

La Comisión Europea ha pedido este miércoles a los gobiernos europeos, y en especial a los que han aumentado más el gasto público en los últimos años como España, que preparen ya sus estrategias para reducir el déficit y la deuda teniendo en cuenta las reglas fiscales convencionales -que han pasado  tres años suspendidas-,  de forma que consigan que el desvío de las cuentas del Estado se sitúe por debajo del 3 % como tarde en 2026 y la deuda siga una senda descendente. La inaplicación de las normas de estabilidad presupuestaria decidida por el Ejecutivo de Bruselas con motivo de la crisis de la pandemia y después con la inesperada guerra de Ucrania ha instalado de hecho una suerte de barra libre para los gobiernos, que han aprovechado para disparar su gasto -como ha ocurrido en nuestro país- con el pretexto de proteger a los ciudadanos del impacto de la crisis a través de apoyos y de subvenciones de todo tipo.

A pesar de que tanto la Comisión como el Banco Central Europeo han insistido en que los apoyos presupuestarios se centraran exclusivamente en las personas más vulnerables, el resultado, en el caso concreto de España, es lo más parecido a un completo fracaso. La población en riesgo de pobreza, después de recibir las diferentes transferencias sociales y de aplicarse otras medidas como la rebaja del IVA para determinados bienes de consumo y servicios, se ha situado en un 22%, muy por encima de Francia (14,5%), Alemania (16%), o Italia (20%). España es además junto a Italia el estado europeo en el que el sistema de asistencia social contribuye menos a reducir el porcentaje de los más vulnerables antes y después de la contracción económica generada por la pandemia.

De todo el apoyo presupuestario desplegado por el Gobierno de Sánchez, 2.055 millones han acabado yendo al 30% de los hogares de mayor renta por los 1.484 millones dedicados al 30% de las familias de rentas más bajas. La causa es que las rebajas del IVA de la electricidad y del gas han favorecido un 39% más a los ‘privilegiados’. En cuanto a la rebaja del IVA para los alimentos básicos, su impacto presupuestario se eleva a 645 millones, de los cuales 240 millones han ido a parar a los que tienen más ingresos y los 142 millones restantes a aquellos con menores recursos económicos, una diferencia del 70%. Los resultados son aún más escandalosos en lo que respecta a lo bonificación de los carburantes vigente hasta comienzos de año, que dio lugar a un 192% de diferencia en favor de los ciudadanos con una situación financiera más saneada, que recibieron una subvención de 1.377 millones.

Los Veintisiete están todavía perfilando el diseño del futuro Pacto de Estabilidad, pero el próximo ejercicio estará marcado por la vuelta de los límites del 3 % del PIB para el déficit público y del 60 % del PIB en el caso de la deuda. Es en este contexto en el que Bruselas reclama a los países que elaboren ya sus trayectorias de ajuste y que los incluyan en los Planes de Estabilidad que tienen que enviar a las autoridades comunitarias antes de que acabe abril. «Se invita a los estados miembros con deuda sustancial o moderada a establecer objetivos fiscales que garanticen una reducción de deuda plausible y continua o que la mantengan en niveles prudentes a medio plazo», dice el texto presentado por el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

De hecho, las trayectorias fiscales de los países tienen que garantizar que su déficit público «no excede el 3 % del PIB o se reduce por debajo» de este umbral «dentro del periodo cubierto» por dichos Planes de Estabilidad, es decir, como muy tarde en 2026. En esta línea, el Ejecutivo comunitario tiene previsto retomar la apertura de expedientes por déficit excesivo en la primavera del próximo año a todos aquellos estados miembros con un déficit y una deuda superior, independientemente de las negociaciones para reformar las reglas fiscales.

El Gobierno de Sánchez, según sus últimos cálculos, prevé que el déficit público no se sitúe por debajo de este límite del 3 % hasta 2025, año en que la deuda habrá descendido aproximadamente al entorno del 110 % del PIB, desde el 114% actual, una de las cotas más elevadas de la Unión Europea. La demanda de presentar un plan concreto de consolidación fiscal -ajuste presupuestario- ha sido una constante del Banco de España en los últimos tiempos, muy preocupado por la evolución de las cuentas públicas y el descontrol del gasto del Estado. También el Banco Central Europeo -de cuyo consejo de gobierno forma parte del banco central español- ha insistido en la necesidad de restringir la política fiscal y de alinearla con la política monetaria a fin de no contrarrestar la estrategia de reducción de los tipos de interés para combatir los altos niveles de inflación.

El vicepresidente  de la Comisión Dombrovskis prefirió no «prejuzgar» en la rueda de prensa celebrada hoy a qué países se abrirán los eventuales  procedimientos por déficit excesivo e instó a esperar a la primavera del año que viene, cuando se tendrán los datos de cierre de este ejercicio sobre los que se basará la decisión. El italiano Gentiloni explicó además que los requisitos a los Estados miembros estarán «diferenciados» en función de los «retos» para la sostenibilidad de la deuda que afronte cada uno, en línea con las orientaciones de Bruselas para la reforma pero manteniendo al mismo tiempo la «coherencia» con el marco todavía vigente. «Es un delicado ejercicio de equilibrio, y es necesario porque es importante avanzar ya ahora hacia un marco sólido y creíble», dijo, añadiendo a renglón seguido que esto es una «fase transitoria» que «no puede durar muchos años» y la UE tiene que trabajar ´»rápido» para acordar las nuevas reglas «tan pronto como sea posible».