Nueva bronca en el Gobierno por la Ley de Vivienda: Hacienda dice que hay acuerdo y Belarra la desmiente
Sánchez calma a los que piden la cabeza de Montero: «Ahora tendrá que asumir todas nuestras políticas»
La Ley de Vivienda se le atasca al Gobierno por los desacuerdos entre PSOE y Podemos
Tras la bronca parlamentaria por la reforma de la ‘Ley del sólo sí es sí’ y tras la división en las manifestaciones del 8 de marzo, el PSOE y Podemos han vuelto a enfrentarse este jueves a cuenta de la Ley de Vivienda. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que «prácticamente» hay ya acuerdo con sus socios de coalición, pero horas después Ione Belarra, líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, ha desmentido sus palabras: «Hoy no estamos más cerca que ayer», ha asegurado.
La Ley de Vivienda debería haberse aprobado el año pasado, pero se ha ido aplazando por los desacuerdos constantes entre los dos socios de Gobierno. Esta norma es muy importante para Podemos hasta el punto de que es la principal razón que les lleva a mantenerse en el Ejecutivo a pesar del ninguneo de Pedro Sánchez, como informado hoy OKDIARIO.
Según Montero, el acuerdo está cerrado a falta sólo de «algunos flecos». sin embargo, Belarra la ha desmentido categóricamente y ha insistido en que esta normativa es «urgente» para el país, pero sobre todo es esencial que «incluya una regulación de alquileres efectiva y contribuya a ampliar el parque público de vivienda».
El pasado lunes el coportavoz estatal del partido, Pablo Fernández, culpó al Ministerio de Economía, que lidera la vicepresidenta Nadia Calviño, de ser ahora el «principal escollo» para aprobar la Ley de Vivienda, al sostener que se «resiste» a la regulación de los precios del alquiler.
Al cajón
Todo hace prever que la negativa de Sánchez a dar su brazo a torcer ante las «líneas rojas» de Podemos hará que esta norma acabe definitivamente en un cajón y que sea imposible su aprobación antes del final de la legislatura. Algo que sería muy bien recibido por el sector inmobiliario y por organismos como el Banco de España que han criticado el excesivo intervencionismo de la ley. Un intervencionismo que ha fracasado en la limitación del alquiler (que está en marcha provisionalmente al margen de la ley), con una subida de precios y una reducción de la oferta.
Las principales desavenencias entre los socios de Gobierno se refieren a la posible limitación permanente del precio de los alquileres para los nuevos contratos o la definición de gran tenedor. En el primer caso, se pretende elaborar un índice e identificar unas «zonas tensionadas» donde se aplique dicho límite. En el segundo, el anteproyecto establece que el gran tenedor es la persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Podemos es partidario de bajar aún más este límite.
En todo caso, esta norma será más propagandística que eficaz, puesto que tiene que respetar competencias de las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad en materia de vivienda. Así, la Comunidad de Madrid ya ha confirmado que no aplicará esta norma si finalmente se aprueba.
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