Los bancos eligen la vía de pagar el 50% del impuesto de Sánchez y recurrirlo a la Audiencia Nacional

Todos los bancos y cajas españolas ingresarán entre el 5 y el 20 de febrero -que es el periodo legal habilitado por Hacienda- el 50% del impuesto establecido por el presidente Sánchez para gravar los supuestos ingresos extraordinarios que están obteniendo debido a las subidas de los tipos de interés, pero inmediatamente recurrirán la nueva tasa. Las entidades financieras siguen estudiando cuál puede ser la mejor estrategia para salvaguardar sus intereses y ganar el pleito. La primera es la de hacer la declaración del impuesto para luego  autoimpugnar la propia declaración ante la Agencia Tributaria, y en caso de que esta resuelva negativamente acudir en alzada al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Otra posibilidad es la de recurrir la orden administrativa que desarrolla la ley del impuesto ante la Audiencia Nacional. Las dos vías son complementarias, por lo que, de acuerdo con fuentes del sector financiero, los bancos utilizarán las dos. El nuevo impuesto establecerá una tasa temporal que pretende recaudar alrededor de 1.500 millones al año y estará en vigor hasta 2024. Esa cuantía afecta a tres parámetros escogidos por el Gobierno: ingresos de la banca por márgenes, intereses y comisiones.  Estos afectarán solo a los bancos que ingresen más de 800 millones en intereses y comisiones, que aglutinan en torno al 80% de la facturación del sector. De esta forma, el radio de acción del impuesto llega a las grandes entidades (Banco Santander, CaixaBank,  Sabadell y Bankinter) y a algunas entidades medianas (Ibercaja, Unicaja, Kutxabank o Cajamar).

El nuevo tributo ha suscitado un alud de críticas de todas las instituciones financieras. El Banco Santander fue de los primeros en reprochar la implantación del nuevo impuesto y en cuantificar su impacto económico. Su consejero delegado, José Antonio Álvarez, calculó en su momento que cumplir con el objetivo de recaudación de 3.000 millones en dos años, como pretende el Ejecutivo, restará al sector capacidad para prestar alrededor de 50.000 millones. También apuntó que los primeros que podrían sufrir por el impuesto son los accionistas, pero también la economía en general.

El directivo también ha advertido de que, en general, los cambios súbitos en las reglas del juego elevan el coste de capital, lo que termina afectando a la riqueza en general y al nivel de empleo. Álvarez y otros ejecutivos bancarios están muy preocupados por el efecto de estigmatización del sector que entraña el nuevo impuesto, en la que el Gobierno ha incidido en los últimos meses resaltando los altos beneficios de la banca y desacreditándola ante la opinión pública. «Hay una situación, unos orígenes muy claros de por qué tenemos la inflación actual y, de repente, la solución parece ser cargar con más obligaciones a algunos sectores cuando, en el periodo del Covid-19, si algo ha hecho la banca es un esfuerzo enorme, manteniendo las oficinas abiertas para atender a los clientes», ha manifestado Álvarez.

Bankinter ha sido otra de las entidades más beligerantes con el nuevo impuesto. Su consejera delegada, Maria Dolores Dancausa, ha cargado repetidamente contra el gravamen del Ejecutivo, que supondrá un impacto anual, durante los dos próximos años, de entre 80 y 100 millones de euros para la entidad. «El impuesto va a suponer un freno para los resultados del banco, es injusto, arbitrario, confiscatorio», ha afirmado. «Es un hecho objetivo que la banca ya paga más impuestos que otros sectores, no hay razón objetiva que lo justifique», ha sostenido. «La razón que ha dado el presidente del Gobierno de que los que más tienen han de apoyar a la sociedad son declaraciones que merecen todos los respetos, pero los temas impositivos y tributarios deben dejar al margen los temas emocionales y deben ser justos», ha añadido.

Ibercaja también fue una de las primeras entidades en cuestionar el gravamen y en anunciar que lo recurrirá. Otras entidades financieras han preferido guardar por el momento silencio, «pero no tenemos duda alguna de que todos los bancos y cajas van a ir a los tribunales para tratar de frenar esta nueva muestra de arbitrariedad legal», aseguran fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB). En cuanto a los presuntos beneficios extraordinarios que tendrá el sector bancario por la subida de tipos de interés, que es el pretexto utilizado por el Gobierno para establecer el tributo, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, ha recordado que el sector tenía una rentabilidad del 6% al cierre de 2021, «poco más que la mitad del coste de capital», y que esta es una tesis que no se sostiene salvo que se piense que el sector vaya a multiplicar los resultados por tres, algo bastante improbable».

Actualmente, la banca ya paga unos impuestos muy elevados, con un tipo del 30% -frente al 25% general de Sociedades- y además contribuye al erario público a través del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) o las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución Europeo.