Banco Popular financió compras de sus acciones por 702 millones, según los peritos del Banco de España

El cerco judicial cada vez se estrecha más para el expresidente del Banco Popular Ángel Ron. Los peritos del Banco de España, después de recibir la información que faltaba del Santander, han concluido que el Popular concedió créditos por 702 millones a sus clientes para comprar acciones en la ampliación de capital de 2016 sin restárselo del capital, como le obligaba la ley. Una cifra muy superior a los 571 millones que había detectado Emilio Saracho.

En un informe fechado el 9 de febrero y remitido al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, los inspectores Santiago Jesús Ruiz Clavijo y Pablo Hernández concluyen que «del análisis de la información facilitada por Banco Santander resulta que existen clientes que  suscribieron acciones por 702 millones de euros y que, entre el 25 de mayo y  30 de junio de 2016, incrementaron su financiación dispuesta. Dicho importe se reduce a 627 M€ si sólo se consideran las operaciones formalizadas en ese  periodo». 

Estos expertos recibieron el encargo del juez de comprobar si la financiación de acciones propias concedida por Ron que detectó Emilio Saracho tras llegar a la presidencia era correcta; entonces -en 2017-, el Popular cifró esta práctica en 571 millones. Los bancos pueden financiar la compra de sus acciones a los clientes, pero entonces deben restarlas del capital porque el riesgo sigue en sus manos (es como si se las comprara a sí mismo): si el cliente no devuelve el préstamo, el banco se queda las acciones.

A pesar de la diferencia con los 702 millones detectados, sostienen que «este resultado valida el trabajo realizado en su momento por la Auditoría Interna de Banco Popular, que identificó un importe de acciones suscritas financiadas de 571 M€ que resultó en una  deducción de recursos propios de 288 M€ al hacer un posterior análisis individualizado considerando el importe financiado y la finalidad de las operaciones, toda vez que en los sistemas  no constaba que la financiación se destinaba a la compra de acciones».

«Si sólo se consideran los incrementos de financiación de operaciones formalizadas en el  periodo, la cifra de la Auditoría Interna y la cifra ahora obtenida (627 millones) son muy similares, lo que en nuestra  opinión valida el trabajo de Auditoría Interna», añaden.

Las maniobras para ocultar la financiación de acciones

Los inspectores señalan algunas de las prácticas de la época de Ron para ocultar que esos créditos se destinaban a la compra de acciones en la ampliación y, por tanto, para no deducírselos del capital: «Al igual que detectó la Auditoría Interna de Banco Popular, en la práctica totalidad de  estas operaciones no se indica que el destino de la financiación sea la compra de acciones». «Nuestro importe incluye operaciones donde los  ficheros indican una finalidad específica [que no era la compra de acciones] o cuentan con garantía o se registran en una sociedad del  grupo cliente distinta de la suscriptora».

Ante su desesperada situación tras años de ocultar la morosidad y las pérdidas (provisiones) correspondientes, en 2016 el BCE forzó a Ron a acometer una nueva ampliación de capital tras la de 2012, que fue de 2.500 millones. Precisamente, esta mala situación ahuyentó a muchos inversores institucionales, por lo que el banco tuvo que colocar las acciones masivamente a los clientes a través de la red, como había hecho Bankia en su salida a Bolsa.

En muchos casos, esos clientes eran empresas a las que se concedió un crédito mayor del que solicitaban para que utilizaran una parte en la compra de acciones en la ampliación. Eso es lo que ahora confirma este informe de los peritos. Algunos de los testigos que han declarado en la Audiencia Nacional han ido más lejos y han asegurado que el banco amenazó a muchas empresas con cortarles el grifo si no iban a la ampliación.

Último informe para cerrar la instrucción

Este es el último de los cuatro informes periciales sobre el caso Popular solicitados por Calama. Los otros tres informes ya entregados por los peritos del supervisor bancario se refieren a las cuentas del Popular incluidas en el folleto de la citada ampliación, las sociedades luxemburguesas utilizadas para sacar de balance créditos morosos (la trama Thesan) y las tasaciones inmobiliarias.

Ante la tardanza de su elaboración -hubo que requerir al Santander para que aportara la información que faltaba-, el magistrado amplió seis meses la instrucción, que debía haber concluido el 29 de enero. No obstante, no será el último elemento para cerrar el sumario, sino que ha citado como testigos a otros dos inspectores del BCE, el 24 de febrero y el 3 de marzo.