La banca teme perder el recurso contra el impuesto de Calviño con Conde-Pumpido en el Constitucional

La banca española teme, y da por prácticamente por perdido, el recurso que elevará ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez y su vicepresidenta Nadia Calviño para gravar los supuestos beneficios extraordinarios del sector que presuntamente están obteniendo como consecuencia del cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo a partir del segundo semestre del año pasado y de las subidas posteriores de los tipos de interés aplicadas desde entonces.

Todas las entidades financieras españolas se han rebelado contra esta tasa de nueva generación. Primero pagaron lo que les correspondía y después impugnaron su liquidación ante la Agencia Tributaria, de la que esperan todavía noticias; el segundo paso es recurrir el impuesto a la banca de Calviño ante la Audiencia Nacional y finalmente ante el Tribunal Constitucional, que es en el que tenían depositadas más esperanzas…hasta la fecha. El pesimismo ha llegado después de que el Gobierno haya conseguido renovar el Alto Tribunal y haya situado al frente al magistrado Cándido Conde-Pumpido, absolutamente próximo al Gobierno, y que desde que ocupa el puesto ha fallado todos los contenciosos pendientes y de mayor calado en su favor.

«En principio hemos impugnado la autoliquidación del gravamen. Varias veces hemos explicado que consideramos que su diseño legal infringe principios constitucionales y reglas de la Autoridad Bancaria Europea, declaradas aplicables por el Banco de España, así como otras normas», aseguran los medios consultados. «Nos parece discriminatorio porque penaliza al sector y se fija sobre un margen parcial y no en el beneficio neto, lo que carece por completo de sentido», recuerdan los mismos medios. «Además, el gasto no es deducible en el cómputo del Impuesto de Sociedades, lo que equivaldría a pagar dos veces», recuerdan las fuentes citadas.

Según el conjunto de la banca, el nuevo tributo es inconstitucional y puede ir contra el derecho de la competencia de la Unión Europea, al introducir una desventaja entre las entidades españolas, que probablemente se verán obligadas a repercutir el tributo de nueva generación en los clientes; en todo caso, estrechará su margen de beneficios y reducirá la capacidad de dar préstamos. El impuesto a la banca de Calviño -que se desea recurrir ante el Constitucional- establecido el año pasado recaudará finalmente 1.120 millones, pero no llegará a los 1.200 millones que el Gobierno esperaba ingresar y que en un primer momento habían contabilizado las entidades financieras.

Se quedará un 6,7% por debajo de aquellas estimaciones, aunque en todo caso el volumen total de la confiscación ha representado un gran contratiempo para la banca que repercutirá en su capacidad para dar préstamos, remunerar los depósitos y retribuir adecuadamente a los accionistas. El asunto se agrava por momentos ante la sugerencia de la ministra Calviño de prolongar la vigencia del impuesto a lo largo del año próximo, en función de cómo evolucione la economía y también los beneficios de las entidades financieras.

«En la medida en que haya beneficios extraordinarios, pues habrá que considerarlo. Pero vamos a ver cómo sigue evolucionando la situación económica, el desempeño presupuestario y cómo se comportan las cuentas del sector bancario», indicó Calviño en un reciente entrevista. El asunto es importante porque el Ejecutivo presentó este impuesto como «temporal y excepcional» con el objetivo de gravar los «beneficios extraordinarios» de la banca derivados de la subida de tipos de interés, y limitó su vigencia a dos ejercicios: 2023 y 2024.

Desigualdad y persecución

Según los medios consultados en el sector bancario, las nuevas intenciones del Gobierno inciden en la desigualdad cometida. «Nosotros ya pagamos cinco puntos más en el Impuesto de Sociedades, estamos sometidos a una intervención regulatoria brutal y afrontamos una tremenda discriminación legal que queda desapercibida», apuntan las fuentes consultadas por OKDIARIO. «Además tenemos que soportar la pérdida de reputación que ha animado el Gobierno sobre las grandes empresas, no sólo la banca sino el sector eléctrico -por citar los dos ejemplos más emblemáticos- señalando explícitamente a sus principales ejecutivos -Ana Botín, del Santander, o Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola- como contrarios y enemigos de la estrategia política del Ejecutivo».

La prolongación del impuesto extraordinario a la banca más allá de 2024 puede hacer un nuevo agujero al sector justo en el peor momento: cuando los márgenes se reducirán porque, previsiblemente, los tipos de interés habrán bajado respecto a los niveles actuales. Lo cual explica el fuerte castigo a los valores bancarios en Bolsa durante la semana pasada. El propio sector prevé que los márgenes empiecen a estabilizarse ya en la última parte de este año, puesto que toda la cartera de crédito se habrá repreciado ya (normalmente, la cuota de los préstamos se revisa una vez al año). Y que empiecen a bajar el próximo año, salvo que las entidades acometan mayores reducciones de costes mediante despidos y cierres de oficinas, o bien mediante fusiones.

Pero además, si la inflación sigue moderándose y la economía de la zona euro mantiene su debilidad actual o incluso la agrava -un escenario muy probable- la autoridad monetaria que preside Christine Lagarde podría hacer alguna pausa en la subida de los tipos de interés.