La banca presenta ante el juez las alegaciones para impugnar el convenio de acreedores de Naviera Armas
Santander, CaixaBank y Sabadell alegan que vulnera la prelación de deuda legal para evitar el pago de 64,5 millones
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La banca acude al juez para evitar la quita del 100% sobre los 64,5 millones prestados a Naviera Armas Trasmediterránea que los nuevos accionistas de control pretenden llevar a cabo. Los bancos Santander, CaixaBank y Sabadell han empezado a presentar ante el Juzgado nº1 de Las Palmas de Gran Canaria las alegaciones para impugnar el plan puesto en marcha por los fondos de inversión JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor, que han planteado una quita del 100% sobre esa deuda. Para la banca, el convenio de acreedores propuesto, vulnera la prelación de deuda prevista en la legislación concursal.
Los fondos argumentan que la nueva Ley concursal les ampara porque prevé la organización de las deudas por clases y contempla que los acreedores reciban un trato diferenciado a la hora de cobrar. En el caso de los fondos, su posición -aseguran,- les sitúa como acreedores seniors.
Y en la llamada prelación de la deuda, en la jerarquía de cada préstamo o título de deuda (como los bonos), está la clave de las alegaciones de la banca acreedora.
Aunque desde los bancos rehúsan hacer comentarios al tratarse de «un procedimiento abierto», el hecho es que la calificación que el Juzgado otorgue a su deuda será la clave para que puedan cobrar.
Santander, CaixaBank y Sabadell consideran «injusto» el trato que la nueva dirección de la naviera (los fondos) da a su financiación y argumentan ante el juez la consideración de sus créditos como deuda preferente. Para la empresa, en cambio, la prelación de deuda les beneficia en tanto en cuanto son ‘bonistas’ y, por ello, sus reclamaciones llevan prioridad. La cuestión es que, al haber convertido su deuda en capital, la condición de bonista y su presunta prioridad acreedora desaparecen en el mismo momento en que esos bonos se han convertido en acciones. Y como accionistas, han de hacerse responsables de la deuda de la empresa.
El debate jurídico está servido. La nueva dirección, con Sergio Vélez al frente como consejero delegado (un experto en procesos concursales nombrado de forma interina para cerrar la toma de control de la empresa) argumenta que la banca no perderá todo el dinero, ya que el aval del Instituto de Crédito Oficial, les permitiría recuperar hasta el 70% de la deuda que inyectaron en la empresa canaria durante la Covid.
Dejar sin pagar el 100% de la deuda bancaria no parece sencillo. Especialmente porque el plan de refinanciación propuesto por los fondos establece una ‘quita’ del 60% para el resto de acreedores.
Para conseguir que la banca condone la totalidad de su deuda, los nuevos gestores de Naviera Armas se ‘agarran’ a la nueva norma que permite a los acreedores mayoritarios imponer al resto de accionistas y acreedores, las soluciones que determinen para garantizar la viabilidad de la empresa. La condición que establece la Ley es que dicha solución debe contar con el apoyo de la mayoría y esa, la tienen.
Capitalización de deuda
Con JP Morgan a la cabeza, los fondos cerraron la toma de control de la compañía canaria el pasado mes de abril. Para ello capitalizaron 268 millones de euros en bonos (la mayor parte del pasivo); lo que redujo la deuda de la empresa el 48% hasta situarla en los 178 millones de euros. Gracias a ello, el grupo de cinco fondos (representa el 80% del total de bonistas) se hacía con el 94% de las acciones de la naviera, mientras la familia Armas, fundadora de la compañía, mantiene el 6% restante.
La entrada de los bonistas (los fondos) en el capital se ejecutó mediante el canje de deuda (250,861 millones de euros) y la consiguiente ampliación del capital por cerca de 113 millones. Al mismo tiempo, la empresa emitía un nuevo bono por casi 376,3 millones, con vencimiento en 2026. Eso permitió cancelar los bonos en vigor que vencían en 2023 y 2024. Además, se procedió capitalizar otras deudas «con partes vinculadas» por 42,7 millones.
Tras aliviar a la compañía de su mayor paquete de deuda, los nuevos propietarios se comprometieron a aportar 73,3 millones en financiación para «cubrir cualquier necesidad de liquidez mientras se lleva a cabo el proceso de recapitalización acordado».
Sin embargo, esos nuevos recursos no le salen baratos a Naviera Armas, ya que han llegado con un vencimiento de cinco meses y un tipo de interés del Euríbor + 10% en efectivo y del Euríbor + 5% en acciones adicionales.
Tras la toma del control accionarial, los nuevos propietarios procedieron a reducir el consejo de administración desde los cinco miembros anteriores a tres. Al mismo tiempo, nombraron un consejero delegado, Sergio Vélez, un experto en reestructuraciones que ha actuado como administrador concursal en varios procesos y está especializado en la refinanciación de deuda y compraventa de empresas.
Vélez, director general senior de la sociedad especializada en administraciones concursales, FTI Consulting, sustituye en el cargo a Fernando Val; aunque en la dirección general de Naviera Armas se mantiene Marc Canalda.
Reflotamiento
Naviera Armas intenta aplicar su segundo programa de reflotamiento en tres años. En el actual, la reducción de deuda, la mejora de las operaciones y la eficiencia deben reflejarse en una vuelta a la rentabilidad de la compañía.
Según las previsiones avanzadas por Sergio Vélez, Naviera Armas puede terminar el ejercicio de 2023 con un beneficio operativo cercano a los 52 millones de euros además de «elevar los estándares de servicio en una actividad esencial como el transporte de pasajeros y de carga».
El anterior proceso de saneamiento se zanjó en 2021 con la venta a la naviera monegasca Grimaldi el negocio en las Islas Baleares de Trasmediterránea -adquirida en 2017- además de una terminal en el puerto de Valencia. Con la operación, Naviera Armas obtuvo 375 millones de euros.
Ahogada por la presión de la deuda, ese mismo año, Armas vendió seis buques en dos operaciones que le reportaron 344,5 millones de euros según los últimos estados financieros publicados. Y, en septiembre, alcanzó un acuerdo de refinanciación de su pasivo que llevó al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria para su «homologación judicial».
La naviera, creada en 1941 en Lanzarote, por Antonio Armas Curbelo, tiene su sede en Las Palmas. Accionarialmente, la compañía está integrada en el Grupo Bahía de las Isletas, de Gran Canaria.
Desde el punto de vista organizativo, Naviera Armas forma parte del Grupo Armas Trasmediterránea en el que se integra junto a Trasmediterránea (adquirida a Acciona en 2017 por 260,4 millones) y que según la propia empresa, forman «el grupo naviero líder en España y uno de los principales de Europa en el sector del transporte marítimo de pasajeros y carga rodada».
Los últimos datos oficiales cifran en más de cinco millones de personas el volumen de pasajeros que mueve anualmente y conecta 26 puertos de las Islas Canarias, así como el sur de España con Ceuta, Melilla, Marruecos, Argelia y Canarias.
En su flota destacan cinco fast ferry, siete ferries abanderados por Trasmediterránea y otros siete por Armas, además de dos buques de carga
En carga, Armas tiene una filial, Trasmediterránea Logística, que ofrece un servicio combinado de transporte marítimo y terrestre puerta a puerta, desde cualquier punto del continente a Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, Marruecos, Argelia.
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