Baleares aprueba una ley para expropiar pisos que lleven más de dos años cerrados
El gobierno balear dirigido por la socialista Francina Armengol ha aprobado la norma redactada por el consejero de Territorio y Energía, Marc Pons
El Gobierno balear de Francina Armengol ha aprobado este viernes una norma pionera en España por la que se expropiarán viviendas que lleven más de dos años cerradas sin motivo aparente y que sean propiedad de personas físicas o jurídicas dedicadas al sector inmobiliario con más de diez inmuebles en propiedad.
El ejecutivo ha dado el visto bueno al desarrollo normativo de la Ley de Vivienda aprobada en 2018, que, según el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, es una norma «sin precedentes» en España para facilitar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna.
El decreto se articula en tres ejes: la determinación precisa de las condiciones de las viviendas susceptibles de pasar a integrar la bolsa de viviendas vacías, el funcionamiento de este registro de inmuebles y el proceso de cesión, voluntaria o forzosa, de los pisos, cuyos propietarios serán compensados por la administración pública.
«Nuestro objetivo es que no haya viviendas vacías», ha dicho el consejero de Territorio Marc Pons
«Nuestro objetivo es que no haya viviendas vacías» y que los inmuebles residenciales estén en el mercado para atender las necesidades de la población en lugar de ser un bien especulativo sin uso, ha argumentado Pons, que ha subrayado que la ley y el reglamento se basan en la premisa de que la vivienda es un bien social y corresponde a la administración ponerlo a disposición de quienes tienen menos recursos.
A efectos de esta ley, se consideran viviendas vacías las que llevan más de dos años en desuso sin causa que lo justifique y son propiedad de personas físicas o jurídicas dedicadas al sector inmobiliario que sean titulares de diez o más inmuebles.
La obligatoriedad de cesión para alquiler social de estas viviendas ya lleva vigente casi un año y hasta ahora, según ha detallado el conseller Pons, se han inscrito voluntariamente en el registro 1.039 inmuebles, aunque el Govern tiene constancia de 6.000 en manos de los «grandes tenedores».
El ejecutivo autonómico ha abierto 18 expedientes sancionadores a grandes propietarios por no haber registrado sus viviendas o por no colaborar para que los inspectores accedan y revisen los inmuebles.
Baleares confía en que «en uno o dos meses» puedan empezarán a ser entregadas a inquilinos en lista de espera las primeras de estas viviendas.
Los titulares de estos pisos, igual que los dueños de los que sean expropiados por falta de acuerdo, serán compensados con un precio que se abonará de forma íntegra por los siete años al inicio del periodo de cesión.
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