Las ayudas que el Gobierno ofrece a las empresas son tres veces menos que las de Francia o Alemania

España está muy por debajo de sus principales socios europeos en cuanto a avales puestos en marcha por el Gobierno para cubrir la financiación de pymes y autónomos durante la crisis del coronavirus. En concreto, el ejecutivo ha activado una línea de avales por un máximo de hasta 100.000 millones de euros, mientras que Francia triplica esa ayuda y Alemania la eleva a 400.000 millones.

Esta disparidad y el menor porcentaje del PIB destinado en los países del sur de Europa para hacer frente a la actual pandemia hacen «muy probable» que la salida de la crisis sea «asimétrica», según advierten los profesores Santiago Carbó y Francisco Rodríguez.

En un artículo del próximo «Cuadernos de Información Económica» de Funcas, los dos expertos destacan que tanto en España como en la Unión Europea las medidas se adoptan de forma «excesivamente gradual, en un goteo que podría ser insuficiente para responder adecuadamente a la urgencia del problema».

La implementación también les parece «demasiado progresiva y poco directa», como sucede, por ejemplo, con las líneas de avales del ICO, aunque defienden que las políticas de financiación son «esenciales» en un contexto de pandemia que ralentiza, e incluso paraliza, las actividades económicas.

En contraste con Estados Unidos, las medidas aplicadas en España y la Unión Europea son fundamentalmente por la vía del crédito y no directas; además, en el Viejo Continente se ha descartado, hasta la fecha, cualquier idea de mutualizar deuda.

Entrada en el capital y titulizaciones de deuda 

La mayoría de las ayudas se están articulando como financiación, al menos en lo que se refiere al ámbito empresarial, lo que «no permite que la savia llegue siempre a las ramas del árbol productivo o que, cuando lo pueda hacer, sea demasiado tarde», exponen.

Sin embargo, consideran que todavía quedan posibilidades de ampliar los mecanismos de apoyo tanto en España como en Europa y citan, como ejemplos, los préstamos participativos para reforzar la solvencia de empresas y la titulización de deuda corporativa (de empresas de todo tamaño) para transformarla de corto a largo plazo y aliviar los efectos financieros de la COVID-19.

La parte más vulnerable financieramente ahora son los autónomos y pymes, pero también grandes empresas con componente «altamente estratégico», como hoteles o líneas aéreas, que pueden requerir de apoyo, no sólo a la liquidez, sino también a la solvencia, explican.

Ganan sentido -extraordinario ahora mismo- financiaciones mixtas, que implican «agua de riego» en forma de crédito avalado y participación en el capital para «salvar raíces», como lo está haciendo intensamente Alemania en estos momentos.

Carbó y Rodríguez también plantean que los proveedores puedan obtener liquidez de sus deudas a corto plazo por parte de una institución con respaldo público, como el ICO o el BEI, que empaquetaría «decenas de miles de estas deudas» para titulizarlas, es decir, ponerlas en el mercado como hace la banca con hipotecas.

De esta forma, sugieren, el propio el BCE podría adquirir esas titulizaciones y amortiguaría el impacto de la crisis de liquidez en estas sociedades.

La banca y la morosidad 

El artículo destaca que los bancos españoles se presentan ante esta crisis como «actores activos», con posibilidades de financiar y aliviar la presión que ejerce la COVID-19 sobre empresas y hogares, pues cuentan con una solvencia y un perfil de riesgo mucho más contenido que en los albores de la crisis financiera de 2008.

Los expertos de Funcas consideran también que la financiación con avales del Estado puede frenar el shock de crédito, amortiguar el avance de la morosidad y ayudar a las empresas a «puentear» el bache con financiación transitoria.

Aún así, aplauden que los bancos españoles se hayan situado en una posición «realista» de forma anticipada, provisionando pérdidas esperadas de forma considerable ya desde el primer trimestre del año, porque es «previsible» que la morosidad aumente significativamente a partir del segundo trimestre de este año.

«En un principio, pueden observarse repuntes en la relativa al crédito al consumo, pero sus efectos más significativos se harán sentir en el sector empresarial», argumentan Carbó y Rodríguez.

Es importante tener en cuenta que los avales del ICO amortiguarán cualquier aumento de la morosidad por el crédito nuevo concedido, por la cobertura hasta el 80 % del riesgo por parte del Estado.

Todo ello se reflejaría parcialmente en la morosidad, con cierto retraso, sobre todo a finales de 2020 y en 2021, prevén, aunque hacia mitad del año próximo también bajaría la tasa de morosidad conforme la economía española vuelva a crecer