La autorización de la opa sobre Talgo se puede alargar más de seis meses por la oposición del Gobierno

La opa lanzada por el grupo húngaro Ganz-MaVag (Magyar Vagon) sobre Talgo la semana pasada puede retrasarse seis meses o incluso más debido a la oposición a la operación declarada por el Gobierno. Este retraso se puede producir aunque finalmente Pedro Sánchez autorice la opa porque el derecho europeo prevalece sobre su escudo antiopas. Y si no la aprueba, se abriría una batalla en la UE que puede alargarse años.

El decreto de julio que prolongaba indefinidamente el escudo concede al Gobierno un plazo de tres meses para resolver la autorización de la opa sobre Talgo. Pero este plazo se puede interrumpir cuantas veces quiera el Ejecutivo si solicita información adicional, cosa que hace siempre. Es decir, Sánchez puede retrasar durante muchos meses la aprobación de la opa sobre Talgo. Además, la necesidad de autorización implica considerar estratégica a la constructora ferroviaria, algo más que discutible (este sector no aparece entre los que enumera el citado decreto).

Ahí está el precedente de la opa parcial del fondo IFM sobre Naturgy, que sufrió un retraso de seis meses hasta que recibió el visto bueno gubernamental con condiciones. En ese caso no había dudas de la condición estratégica de la energética ni de que caía dentro de las competencias del Gobierno español al tratarse de un fondo australiano. Por el contrario, en el caso de Talgo, el comprador es una empresa de un país miembro de la UE.

Otro tanto ha ocurrido con la oferta de Apollo sobre Applus+, que fue presentada en junio del año pasado y autorizada por el Consejo de Ministros en diciembre, a pesar de que es bastante difícil justificar que esta compañía (dedicada principalmente a las ITV) tiene carácter estratégico. Los fondos ISQ y TDR -a través de su sociedad conjunta Amber- presentaron una contraoferta en septiembre, que fue autorizada por la Comisión Europea.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió el miércoles de que el Gobierno «hará todo lo posible» para frenar la opa, lo que implica que, como mínimo, dilatará su aprobación todo el tiempo que pueda. Y, como máximo, la vetará o impondrá condiciones inasumibles para el grupo húngaro que le obliguen a desistir de la operación.

En ese caso, la empresa húngara se vería obligada a recurrir a las instituciones comunitarias. Probablemente, primero invocaría los tratados fundacionales de la UE ante la Comisión Europea, pero se trata de una mera queja formal y este organismo no puede obligar al Gobierno español a autorizar la opa. En caso de que persista la negativa, tendría que acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En ese caso, estaríamos hablando de un retraso de años.

Magyar Vagon aseguró la semana pasada que pretende solicitar la autorización en el plazo máximo de un mes. Asimismo, tiene pactada una indemnización de 3 millones que tendría que pagar Talgo en caso de que haya una oferta competidora. Pero no contempla ninguna compensación por el posible retraso de la autorización o en el caso de que no la obtenga.

Legislación comunitaria

Como explicó OKDIARIO, esta operación pone de manifiesto que el escudo antiopas español se opone a la legislación comunitaria, que consagra la libertad de movimiento de capitales entre los países miembros de la UE. El argumento que usó Puente para justificar la oposición del Gobierno fue que podría haber inversores rusos detrás de esta empresa húngara, por lo que la operación de Talgo contravendría las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.