La Audiencia Nacional abre juicio a Villarejo y su socio por el presunto espionaje para Iberdrola

La Audiencia Nacional ha acordado enviar a juicio al comisario José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y a quien fuera director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, por 28 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cohecho pasivo y activo, y falsedad en documento mercantil en relación a los presuntos trabajos ilícitos para Iberdrola.

Así consta en un auto en el que la magistrada María Tardón recalca que también se verá en la vista oral «la responsabilidad civil subsidiaria de Iberdrola S.A. y de la Administración General del Estado». Cabe recordar que Iberdrola está enfrentada actualmente al Gobierno por el impuesto energético que de momento ha sido tumbado en el Parlamento.

La magistrada recoge las penas que cada una de las acusaciones solicitan para los encausados y recuerda que dados los tipos penales debe abrirse «juicio oral para el enjuiciamiento ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».

Y añade que se debe requerir a los acusados y en su caso a Iberdrola, en su calidad de responsable civil subsidiario, para que en el término de tres días presten fianza por la suma 20.917.994 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que resulten procedentes».

Fiscalía Anticorrupción

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar a 59 años de cárcel al comisario jubilado por la decena de presuntos encargos ilegales que el funcionario realizó para Iberdrola entre 2004 y 2011, solicitando a su vez 42 años de prisión para el exdirector de Seguridad de la compañía. Asimismo, solicita una fianza de 21 millones a la eléctrica por su posible responsabilidad civil.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público imputa a Villarejo un delito continuado de cohecho pasivo, diez delitos -uno por cada encargo- de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de revelación de secretos. Además de contra el comisario jubilado y Asenjo, también se dirige contra Redondo, para quien pide 50 años y seis meses de prisión.

La Fiscalía sostiene que, «desde el año 2004 y hasta el año 2011, Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad corporativa del Grupo Iberdrola, con pleno conocimiento de que se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que podía servirse de dicha condición para llevarlas a cabo, encomendó a Villarejo diferentes y sucesivas investigaciones sobre distintas cuestiones que afectaban a la compañía».

«Todas estas investigaciones, contratadas por el Grupo Iberdrola, a través, como se dice, de Asenjo en su condición de director de seguridad corporativa, estaban dirigidas a obtener información sobre personas físicas y jurídicas competidoras o con las que el Grupo Iberdrola tenía algún conflicto o previsiblemente, a juicio del propio Asenjo, lo podría tener en el futuro», añade.

Anticorrupción incide en que Villarejo, «al tiempo de asumir los servicios encomendados por el Grupo Iberdrola, se encontraba en servicio activo destinado en la Dirección Adjunta Operativa realizando funciones de captación de información de interés policial».

«Los servicios de investigación contratados por Iberdrola dieron lugar a lo que el propio Villarejo denominó proyectos de investigación y fueron asumidos para prestarlos a través del complejo entramado societario del que era titular real denominado grupo CENYT», continúa el escrito.

Anticorrupción afirma que «por la prestación de todos estos servicios de investigación, el Grupo Iberdrola abonó mediante diferentes transferencias bancarias al Grupo CENYT, el importe total de 1.047.324,14 euros entre los años 2004 y 2012». «De dicha cantidad, Iberdrola Renovables, S.A. abonó 29.500 euro y el resto -1.017.824,14 euro- fueron abonados por Iberdrola, S.A», añade. Villarejo se habría embolsado finalmente un total de 1.455.064 euros, puesto que la mercantil Casesa le habría entregado hasta 407.740 euros.

Desde 2004

El primer trabajo se habría realizado en 2004 y se denominó proyecto ‘Arrow’. Según la Fiscalía encargó Asenjo y tenía por objeto «investigar a las personas físicas y jurídicas que los investigados sospechaban que estaban obstaculizando la construcción de la central de ciclo combinado que Iberdrola estaba ejecutando en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera». Buscaba también «mejorar la posición» de la energética en los conflictos que se vivían a cuenta de la construcción de esta central.

Ese mismo año Asenjo también habría encargado al comisario el denominado proyecto ‘Aglow’, cuyo objeto era establecer una colaboración permanente «con la que pudiera defenderse frente a cualquier actuación en su contra en la zona de Cádiz -donde se había desarrollado el proyecto ‘Arrow’-, aunque pudiendo ampliarse de manera puntual a cualquier otra parte de España».

Entre 2004 y 2005 Asenjo, siempre según la Fiscalía, también encargó el denominado proyecto ‘Blackboard’ o ‘BB’, que se centró en investigar a Manuel Pizarro, presidente entonces de la compañía Endesa, una de las principales competidoras del Grupo Iberdrola en el mercado.

Sobre Pizarro también se habría creado el proyecto ‘Quarter’, centrado en este caso en la obtención de información sobre personas con las que aquél pudiera haber contactado en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA) que en el año 2005 la compañía Gas Natural realizó sobre Endesa.

El proyecto ‘Wind’, habría nacido en 2006 y tuvo presuntamente por objetivo analizar a Pedro Víctor Barriuso Otaola, quien había sido responsable de energías renovables del Grupo Iberdrola, ante las sospechas de que pudiera desarrollar algún proyecto empresarial que compitiera en el mercado con la propia energética.

Anticorrupción sostiene que ese mismo año Asenjo le pidió a Villarejo que le «facilitara toda la información que pudiera recabar sobre» tres candidatas a entrar en el consejo de administración de la compañía.

En otro proyecto de 2007, denominado ‘Front’ supuestamente se investigó a dos trabajadores de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) respecto de quienes sospechaban que pudieran haber facilitado a terceros información reservada de dicha central nuclear.

Ya en 2009, en el proyecto ‘Gipsy’, Villarejo y Redondo habrían investigado para Asenjo si el directivo del Grupo Iberdrola José María Álvarez Vázquez pudiera haber cometido algún tipo de irregularidad al contratar con proveedores. Y ese mismo año, en el proyecto ‘Posy’, se habrían centrado en obtener información sobre Florentino Pérez, presidente de la compañía ACS, y personas a él allegadas que, entre otras cuestiones, pudiera ser utilizada por Iberdrola en el conflicto que se mantenía entre ambos a cuenta de la composición del consejo de administración de la propia compañía.

La Fiscalía añade que, en el año 2010, Asenjo, actuando por cuenta del Grupo Iberdrola, encomendó a Villarejo el llamado proyecto ‘Sugus’, para analizar la figura de Gustavo Buesa Ibáñez, quien había sido designado consejero de Iberdrola Renovables, sociedad filial del Grupo.

Por último, en 2011, Asenjo, actuando por cuenta de Iberdrola Renovables, le habría encomendado al comisario el denominado proyecto ‘Wind’, que se centró en la investigación de la compañía suiza Eólica Dobrogea AG y de su representante Corneliu Dica, con la que Iberdrola Renovables se había asociado para ejecutar la construcción de un parque eólico en Rumanía.