La aseguradora del Prestige dice tras la sentencia del TJUE que la disputa se dirimirá en Reino Unido

The London P&I Club, la aseguradora británica del Prestige, no da el partido por perdido y se resiste a pagar los cerca de 900 millones de euros por los daños causados por el accidente del buque, hace veinte años.

La compañía, con la que se ha puesto en contacto OKDIARIO, dice sentirse «sorprendida» por la sentencia comunicada ayer lunes por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En ella, los jueces indican que Reino Unido debe acatar las decisiones judiciales españolas que condenaron a la aseguradora al pago de las reclamaciones debidas.

«The London P&I Club ha tomado nota de la sentencia del TJUE», dicen en la aseguradora británica. «Estamos sorprendidos por la decisión, y en particular que no haya seguido las bien razonadas opiniones al respecto de la Comisión Europea así como la del propio Abogado General del TJUE, quienes consideraron que las sentencias inglesas no debían reconocer las firmadas en España», destaca.

«El alcance de la sentencia del TJUE deberá ser considerada en su totalidad e interpretada por los tribunales ingleses», advierte The London P&I Club, y añade que la sentencia europea del lunes «no aborda nuestra demanda contra España por incumplimiento de ir a arbitrajes en Londres».

La asegurada también subraya que las pérdidas reclamadas por España «están por encima de la cobertura de seguro proporcionada, en virtud de los acuerdos de seguro obligatorio vigentes en ese momento».

El 13 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige, de 245 metros de eslora y 40.000 toneladas brutas, sufrió una rotura cuando navegaba cerca del cabo Fisterra. Seis días después, tras ser remolcado con rumbo errático, el buque se partió, se hundió y se vertió al mar la carta transportada, provocando el mayor desastre medioambiental ocurrido en España.

En enero de 2016 el Tribunal Supremo dictó sentencia condenando a dos años de cárcel al capitán del buque y permitiendo reclamar las indemnizaciones a la aseguradora británica.

En noviembre de 2017 la Audiencia Provincial de La Coruña fijó el importe de los daños causados en 1.573 millones de euros para el Estado español; 61 millones a Francia y 1,8 millones a la Xunta de Galicia. Entre los indemnizados se encuentran 270 personas, ayuntamientos españoles y franceses y empresas.